Internacional

La Corte argentina impone prisión preventiva al ex dictador Videla

Diecisiete represores de la dictadura militar argentina se suman a la prisión preventiva

Un juez de Argentina ha impuesto hoy prisión preventiva a dieciocho represores de la última dictadura militar que imperó en el país, entre ellos Jorge Videla y Antonio Bussi, en la causa que investiga el "Plan Cóndor", según han informado fuentes de los tribunales locales.

El juez federal Jorge Urso responsabilizó a los acusados de 34 privaciones ilegítimas de la libertad y asociación ilícita, delitos cometidos durante el règimen militar (1976-1983), en tanto trabó embargos que llegan al millón de pesos (276.000 euros) para algunos de los imputados. Esos dos delitos no permiten acceder al beneficio de la excarcelación, según las leyes argentinas.

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El ex dictador Videla ya está detenido con prisión domiciliaria en otra causa que investiga el robo de hijos de desaparecidos durante la dictadura militar, al igual que varios de los procesados hoy por el juez Urso.

PRISIÓN PREVENTIVA

La prisión preventiva fue impuesta al ex comandante del Primer Cuerpo del Ejército Carlos Suárez Mason; al ex ministro del Interior durante la dictadura Albano Harguindeguy; y a Antonio Bussi, gobernador de la provincia de Tucumán durante el régimen militar y también entre 1995 y 1999, ya restablecida la democracia en el país.

El magistrado también procesó con prisión preventiva al general Cristino Nicolaides, el último comandante del Ejército de la dictadura, y al ex comandante del Tercer Cuerpo de esa fuerza Luciano Benjamín Menéndez, entre otros ex jefes militares.

"PLAN CONDOR"

El "Plan Cóndor" consistió en la coordinación de operaciones de represión política entre las dictaduras que gobernaban Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay en la dècada de los años 70 y parte de los 80 para la persecución y asesinato de sus opositores.

A la aplicación de este plan se atribuye el secuestro seguido de muerte o la desaparición de centenares de dirigentes políticos, sindicalistas y activistas de izquierdas, además del robo de hijos de las víctimas, entre otras violaciones a los derechos humanos cometidas por esos regímenes militares.

Según organismos de derechos humanos, durante la dictadura militar argentina desaparecieron unas 30.00 personas.

 
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