El Gobierno afirma que los matrimonios gays "acaban con siglos de discriminación"

El Consejo de Ministros dió hoy luz verde a la tramitación del anteproyecto de ley que modifica el Código Civil para regular el matrimonio entre personas del mismo sexo, que contemplará el derecho a la solicitar un hijo en adopción.

En rueda de prensa posterior al consejo, la vicepresidenta, Maria Teresa Fernández de la Vega, destacó al respecto que "ya hay miles de niños que viven en España con padres homosexuales, y que más de cincuenta estudios coinciden en que las diferencias de los niños que crecen en casas con padres homosexuales son inexistentes; no hay ninguna prueba que demuestre que los padres o madres homosexuales son peores o educan peor a sus hijos".

Asimismo, a juicio de la vicepresidenta "la mayoría de los españoles cree que lo que debe primar en la adopción es el bienestar del niño, con independencia de la orientación sexual de sus padres".

OTORGAR LOS MISMOS DERECHOS

De la Vega destacó que la reforma quiere establecer para los homosexuales los mismos derechos que para un matrimonio tradicional a la hora de recibir una pensión, al administrar una herencia, a la hora de solicitar un crédito, al autorizar una operación quirúrgica de su pareja, y también a la hora de solicitar un hijo en adopción.

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En coherencia con esta reforma del Código Civil, que ahora será remitida al trámite de consulta preceptiva antes de aprobarse y enviarse al Congreso, el Gobienro ha decidido la desestimación de un recurso de inconstitucionalidad presentado en 2003 contra la ley del Parlamento Vasco que prevé la adopción por parejas del mismo sexo. De La Vega explicó que la reforma supone que la posibilidad legal de adopción "pasará a formar parte también del derecho civil común, razón por la cual no tiene sentido mantener ese recurso".

Respecto a la dificultad legal de que los homosexuales acudan a la adopción internacional, ya que hay países que lo prohíben, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar indicó que el Gobierno hará "pedagogía a la hora de explicar este proyecto" y utilizará los canales diplomáticos o las relaciones bilaterales, en especial en los países donde haya mayor preferencia por parte de los españoles (Rusia y China).

El proyecto será enviado por el Ejecutivo al Consejo de Estado, pese a no estar obligado a ello, aclaró López Aguilar, quien avanzó que no se remitirá al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): "no es obligatorio hacerlo, en esta ocasión es potestativo o facultativo".

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) lo ha calificado de "anormal" y "fuera de lugar" la decisión del Gobierno de no enviar el anteproyecto al CGPJ. El portavoz de la APM, mayoritaria en la carrera judicial, José Manuel Suárez Robledano, destacó que "las leyes deben ser aplicadas por los jueces, por lo que algo tendrá que opinar su máximo órgano de gobierno".

Jueces para la Democracia, por su parte, eludió comentar la decisión, al considerar que la legislación sobre este asunto es "demasiado interpretable", mientras que para la asociación judicial "Francisco de Vitoria" se rompe una tradición.

Por su parte, el portavoz de la Asociación de jueces y magistrados "Francisco de Vitoria", Manuel Torres Vela, indicó que con esta decisión "se rompe una tradición" y añadió que "cualquier reforma que afecte al derecho sustantivo o procesal debería seguir contando con el informe del Consejo".

Torres Vela, aunque dijo respetar la decisión del Ejecutivo, insistió en la idea de que el órgano de gobierno de los jueces "debe informar de todos los proyectos de ley que afectan a la Justicia", y, por tanto, también los que modifiquen el Código Civil, como ocurre con el anteproyecto aprobado hoy.