El Poder Judicial amenaza con un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva elección de magistrados

El Consejo General del Poder Judicial efectuará un estudio jurídico sobre el anteproyecto de ley que prevé el matrimonio entre homosexuales a pesar de que el Gobierno decidió no remitir el texto al órgano de gobierno de los jueces al estimar que en esta ocasión no tenía obligación legal de hacerlo. Además, el CGPJ ha amenazado con un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva elección de magistrados.

El Pleno del CGPJ aprobó hoy con los votos favorables de los once vocales nombrados a propuesta del PP un informe en el que se considera que la reforma del sistema de mayorías para la elección de miembros de la cúpula judicial en su seno tiene "ciertos problemas" de constitucionalidad.

Según informó el portavoz del CGPJ, Enrique López, el dictamen contó con los votos en contra de todos los vocales nombrados a propuesta del PSOE (seis), así como del nombrado a propuesta de IU, Félix Pantoja; el de CiU, Alfons López Tena, y con la abstención del independiente, Agustín Azparren.

El informe aprobado hoy considera que el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo y de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia requieran una mayoría de tres quintos en el CGPJ frente a la mayoría simple necesaria ahora, podría vulnerar la Constitución y "convertirse en una intempestiva intromisión" en el actual Consejo.

UN AUTOENCARGO CONTRA LOS MATRIMONIOS GAY

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Respecto a los matrimonios gay, el Pleno del CGPJ al aprobar por once votos a favor y nueve en contra un escrito planteado por cinco vocales de la mayoría conservadora en el que se solicita que la Comisión de Estudios elabore un "estudio jurídico" sobre esta reforma del Código Civil dada su "trascendencia social y jurídica".

El Ejecutivo decidió no remitir este anteproyecto al CGPJ, al considerar que no incluía reformas en materias sobre las que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que es preceptivo el informe del Consejo, decisión que el Gobierno ha mantenido a pesar de que la semana pasada el Pleno del CGPJ insistió en reclamarle el texto.