Sociedad
Yak-42

Trillo: "Nadie tiene legitimidad para exigirme responsabilidades políticas por el Yak"

El ex ministro de Defensa ve razonable su póliza de seguro

Madrid

El ex ministro de Defensa y actual presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP, Federico Trillo, afirmó hoy que "ya nadie tiene legitimidad" para exigirle responsabilidades políticas por el accidente del Yak-42, en el que perdieron la vida 62 militares españoles, puesto que considera que ya ha dado cuenta de dichas responsabilidades en el Gobierno, en su propio partido y ante el Parlamento.

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"La responsabilidad política tiene tres instancias o, digamos, tres ámbitos en donde se da cuenta de los actos de un gobernante: su propio partido, que es el que media con la sociedad, cuando se tiene el Gobierno, el Parlamento y cuando se es diputado, las elecciones. Yo he dado cuenta en los tres ámbitos", afirmó, en declaraciones a Telemadrid recogidas por Europa Press, Federico Trillo.

El ex ministro de Defensa aseguró que dimitió el mismo día en que llegaron a la base área de Torrejón los cadáveres de las 62 militares españoles fallecidos en el accidente de Trebisonda (Turquía) y que el entonces presidente del Gobierno, Josè María Aznar, rechazó su dimisión porque sabía que no tenía "ninguna responsabilidad" y que "había sido condenado por muchos de aquellos familiares" antes de averiguar las causas "de lo que luego resultó ser un accidente por fallo humano de los pilotos y no hay quien lo saque de ahí".

En esta misma línea, explicó que rindió cuentas en su propio partido, que luego el PP concurrió a los comicios del 14 de marzo y recibió "la máximo sanción" con la derrota electoral y que en el Parlamento dio su versión sobre los errores cometidos en las identificaciones de los cadáveres de los militares fallecidos.

"He dado cuenta ante el Parlamento, antes y despuès de las elecciones, de cuál fue mi actitud. En la última ocasión, el día en que el ministro actual vino a informar sobre los errores en la identificación. Salí ahí, di mi versión ahí, di explicaciones y dije y digo que quiero llegar hasta el final y nadie salió a contradecirme, nadie. En consecuencia, ya nadie tiene legitimidad para exigirme responsabilidades políticas por aquellos hechos", argumentó el ex ministro.

PÓLIZA "LEGAL" Y "RAZONABLE"

Trillo tambièn se refirió a la póliza contratada en su etapa como ministro de Defensa para èl y otros 20 altos cargos de su Departamento y aseguró que se trata de un seguro "legal" y "razonable" porque tanto el máximo responsable de las Fuerzas Armadas como sus altos cargos utilizan medios de transporte militares y están expuestos "todas las semanas" a situaciones de riesgo. "Era y es legal y era y es razonable", aseveró Trillo, que despuès se preguntó por què no se considera legal la misma póliza que se contrataba desde 1991 para el presidente del Gobierno y varios de sus ministros.

Preguntado por la autorización parlamentaria previa al envío de tropas al extranjero que contempla la modificación de la Ley Orgánica de Criterios Básicos de las Defensa Nacional, Trillo aseguró que esa exigencia "no es ninguna novedad" y que hasta ahora "siempre ha sido así", al tiempo que advirtió que ese requisito podría dejar "atrapado" al Gobierno en la toma de decisiones "por demasiadas rigideces".

"El señor presidente del Gobierno ha planteado que se va a exigir, con gran ènfasis como suele hacerlo el señor Rodríguez Zapatero, que las Cortes, el Congreso, autorice el envío de tropas a misiones internacionales o, en todo caso, fuera de España. Hasta ahora siempre ha sido así, no es ninguna novedad. Como decía el clásico: 'No hay novedad, señora baronesa'", ironizó Trillo.

En su opinión, la exigencia de autorización parlamentaria para el envío de tropas podría provocar que el Gobierno no pueda adoptar sus decisiones militares o quedar "atrapado por demasiadas rigideces". En este sentido, advirtió de que "las potestades de Defensa en todos los sistemas democráticos están compartidas entre el Gobierno y el Parlamento". Y opinó que las acciones en el exterior están autorizadas por el Parlamento, en primera instancia, con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

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