El Gobierno remite a las Cortes la regulación del matrimonio gay
Tendrá el mismo tratamiento jurídico que las uniones tradicionales
El Consejo de Ministros ha a¡aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de ley por el que se regula el matrimonio entre parejas del mismo sexo. El texto otorga el mismo tratamiento jurídico a estas uniones que el dado a los matrimonios tradicionales, entre ellos el de la adopción y el derecho a pensión. España se convierte en el tercer país que permite esta regularización, tras Bélgica y Holanda.
El proyecto aprobado hoy por el Gobierno mantiene los términos del texto original, a pesar de las recomendaciones hechas por el Consejo de Estado para otorgarle un tratamiento jurídico diferente.
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El Gobierno únicamente ha tenido en cuenta algunas cuestiones de índole técnico y terminológico, especialmente en la modificación de los artículos del Código Civil afectados por la reforma básica del proyecto, el artículo 44 del Código Civil, al que se añade la siguiente coletilla: "La identidad de sexo de ambos contrayentes no impide la celebración de matrimonio ni sus efectos".
La ley cumple todas las previsiones del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar: las parejas de gays y lesbianas podrán contraer matrimonio a partir de la próxima primavera y España se convertirá así en el tercer país del mundo, tras Holanda y Bélgica, que regula estas uniones.
NUEVA REGULARIZACIÓN DE LA LEY DE EXTRANJERÍA
En su última reunión del año, el Gobierno dio asimismo vía libre al Reglamento de la Ley de Extranjería y autorizó una subida de las tarifas eléctricas para 2005, así como un incremento del 4,5 por ciento en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
El Consejo de Ministros sacó adelante la nueva regulación de los "sin papeles", que abrirá un proceso de regularización que puede afectar a más de 800.000 inmigrantes ilegales en este país, la mayoría procedentes de países latinoamericanos. Este nuevo reglamento establece los requisitos para que los inmigrantes residan y trabajen legalmente en España y abre un proceso especial de tres meses para la normalización de los trabajadores en situación administrativa irregular que viven aquí.
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