Las claves del caso de las prejubilaciones multimillonarias del Santander
El caso por el que se imputa a Emilio Botín se basa en un supuesto perjuicio patrimonial a los accionistas por la cantidad destinada a la jubilación de Amusátegui, y se argumenta en que esta indemnización no se contemplaba en los estatutos del SCH.
LOS ACUSADOS
El presidente del Santander, Emilio Botín, está acusado de conceder prejubilaciones millonarias de 43,7 y 108 millones de euros al copresidente del banco José María Amusátegui y al ex vicepresidente Ángel Corcóstegui, cuando estos dejaron el banco el 16 de agosto de 2001 el primero y en febrero de 2002, el segundo. Amusátegui y Corcóstegui acompañan a Botín en el banquillo
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Juan Francisco Franco Otegui, accionista del banco, interpuso la querella contra el presidente del SCH, Emilio Botín, y contra José María Amusátegui, ex copresidente. A esta se sumó la denuncia de Rafael Pérez Escolar, ex vicepresidente de Banesto, que pidió la investigación del cobro de 108 millones de euros por otra jubilación, en este caso la de Ángel Corcóstegui. Pérez Escolar fue condenado en su día a más de nueve años de prisión por la quiebra fraudulenta del banco en 1993, que fue más tarde comprado y saneado por el SCH.
El juzgado central de instrucción considera que los tres cometieron un delito de administración desleal, y que esas retribuciones fueron "indebidas" y supusieron "un perjuicio económico a los accionistas". Contra la decisión de la Audiencia Nacional de iniciar el juicio contra Botín no cabe recurso. El banco ha defendido la legalidad de los pagos a Amusátegui y Corcóstegui. Ambos "se derivan de acuerdos adoptados por unanimidad" por el consejo y "se reflejaron" en las cuentas de 2001 y 2002, "aprobadas por las juntas generales de accionistas de 24 de junio de 2002 y 21 de junio de 2003", según señala la entidad en su informe anual.
Se inició en 2002, en la Audiencia Nacional. Se basa en un supuesto perjuicio patrimonial a todos los accionistas por la cantidad destinada a la jubilación de Amusátegui, y se argumenta en que esta indemnización no se contemplaba en los estatutos del SCH. La instrucción se prolongó hasta el 19 de febrero de 2004, cuando se procedió a abrir juicio oral contra Botín, Amusátegui y Corcóstegui. La juez encargada del caso, Teresa Palacios, les impuso una fianza conjunta de 164 millones de euros, equivalente a la indemnización cobrada por el ex presidente y el ex vicepresiente. La Fiscalía ha pedido en repetidas ocasiones que se archive el caso al considerar que no encuentra indicios de delito.
Botín se enfrenta a una pena máxima de cárcel de entre 6 y 12 años, dependiendo de si los hechos son considerados apropiación indebida o administración desleal, ya que las acusaciones particulares plantean ambas peticiones. Mientras, Corcóstegui y Amusátegui pueden ser condenados a entre 4 y 8 años de prisión. Además de penas de prisión, los querellantes solicitan para los procesados multas de 12 meses a razón de 300 euros por día y su inhabilitación como administradores de una entidad mercantil.
