Tres consejeros de SCH admiten que conocían las retribuciones antes de su aprobación
Continúa el juicio por las jubilaciones millonarias del Santander
Madrid
Tres miembros del Consejo de Administración del fusionado Santander Central Hispano (SCH) declararon hoy que conocían los contratos y la cifra de las retribuciones del ex copresidente José María Amusátegui y el ex consejero delegado Angel Corcóstegui, antes de que el consejo del 17 de abril de 1999 los aprobase.
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Los testimonios de Santiago Foncillas, Pedro Ballvé y Fernando de Asúa, todos ellos consejeros procedentes del Banco Central Hispanoamericanos, se sumaron hoy a los del inspector del Banco de España José María Lamamie de Clairac, encargado de la supervisión del Santander, en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por las jubilaciones millonarias del Santander.
Lamamie de Clairac ha indicado que no tuvo conocimiento de estos acuerdos hasta que la Audiencia Nacional les pidió en 2002 un informe sobre ellos, no quiso pronunciarse sobre si había que contabilizarlos o comunicarlos al Banco de España -pues no conocía "su naturaleza"- e informó, por último, de que no se provisionaron fondos para ellos en 1999, sí en 2000 y 2001, como "dotación por fondos de prejubilaciones y ceses".
La jubilación de Amusátegui suponía un importe de 43,8 millones de euros -cantidad que figuraba en el contrato- mientras que la de Corcóstegui, una vez ejecutó el contrato, se fijó en 108,1 millones de euros.
Los tres miembros del Consejo de Administración, que rectificaron partes de sus anteriores declaraciones ante la jueza Teresa Palacios ante preguntas de las acusaciones, dijeron que se les había informado de los contratos antes del primer Consejo de Administración del banco fusionado y que los vieron entre los documentos que se acompañan a estas reuniones.
Lo supo a través de Botín
El actual consejero de Urbis -sociedad participada por el Santander-, Santiago Foncillas, supo de la cifra que iba a cobrar Amusátegui, su "amigo", a través del presidente del Santander, Emilio Botín, aunque la cantidad superior a los cuarenta millones no se leyó en voz alta, según contestó a las acusaciones particulares.
Ha rechazado además que esta jubilación tuviese que ver con las condiciones de la fusión, que hubiese bandos en el Consejo -entre los miembros procedentes del Santander y los del BCH- y ha reconocido que se retiró, con Amusátegui, en agosto del 2001 porque quería irse con él, se habían "anticipado" los objetivos de la fusión y había que reducir los miembros de los órganos de gobierno.
En el caso de Pedro Ballvé, se enteró de la cantidad y los contratos de Amusátegui, Corcóstegui y Antonio Escámez -los tres consejeros ejecutivos que venían del BCH- por explicaciones previas del propio Amusátegui, al igual que Fernando de Asúa, actual miembro del Consejo de Administración del Grupo Santander y presidente de la Comisión de Retribuciones.
Ballvé aseguró que él no cobró indemnización cuando abandonó SCH en 2002 y coincidió con Asúa en desconocer si otros consejeros han cobrado este tipo de retribuciones.
Respecto a las adendas que se unieron a los contratos posteriormente, Ballvé y Asua dijeron que no variaban las condiciones de los contratos, pues la comisión de retribuciones "no entra -según Fernando de Asúa- en la ejecución de decisiones ya tomadas" y que "no tenían efecto ni en salarios ni en bonus".
Sin embargo, Fernando de Asúa sí entró en el detalle del contrato de Corcóstegui, quien "sorprendió a todos" con su marcha en febrero de 2002 y, por ello, hubo que modificar las cantidades finales que se redujeron 70 millones por debajo de lo que se preveía.
La sesión de hoy de este juicio oral comenzó con el ex secretario del Consejo de Administración del SCH, Ignacio Benjumea, quien reiteró hoy, a preguntas del fiscal, que los miembros de este órgano de gobierno recibían 70.000 euros anuales y que, en ningún año, esta retribución superó el 5% de los beneficios del banco -tope establecido por los estatutos sociales del SCH-.
"Ni he compartido ni he imaginado" la interpretación de las acusaciones particulares sobre la ilegalidad de los pagos que, insistió Benjumea, "no impugnaron" las cuentas públicas hasta que se presentaron las de 2002. La jornada de hoy continuará esta tarde con la declaración de otros miembros del Consejo de Administración del SCH como Rafael Alonso Botín y Matías Rodríguez Inciarte.
