Amusátegui afirma que no habría cobrado si la fusión con el Santander hubiese salido mal

El ex copresidente del Banco Santander Central Hispano (BSCH), José María Amusátegui, ha comparecido hoy como acusado en el juicio por las prejubilaciones millonarias de dicha entidad y ha afirmado que si la operación de fusión entre los bancos Santander y Central Hispano "no hubiese tenido éxito", él "no hubiese cobrado" 43,8 millones de euros por su jubilación. Amusátegui aseguró que estas remuneraciones fueron acordadas por el Consejo de Administración del banco fusionado y se negó a contestar las preguntas de la acusación particular.

El ex alto cargo recalcó que "nadie le impuso condiciones, ni delegación de funciones" para esta operación entre bancos. La acusación particular le preguntó si acordó con el presidente del BSCH, Emilio Botín, su propia jubilación a espaldas del Consejo de Administración, y si se "blindó" económicamente el contrato económico del banco, como condición para la fusión entre los dos bancos. Amusátegui se negó a contestar, al igual que ayer hizo el también acusado Botín.

Sí lo hizo, en cambio, a las cuestiones que le planteó el ministerio fiscal, ante quién defendió el "éxito" de la fusión, que "ha servido de modelo para otros casos", y afirmó que sus retribuciones y las del ex consejero delegado Ángel Corcóstegui, también acusado, se acordaron como "decisiones justas y adecuadas". Tanto sus 43,8 millones de bonus de jubilación como los 108,1 millones de complemento de jubilación de Corcóstegui se decidieron, según Asmusátegui, "de acuerdo con las condiciones del mercado y la trayectoria de uno y otro". No obstante, reconoció que en 1999, con la fusión, "pareció oportuno realizar contratos nuevos (para los consejeros del BCH) en armonía con las nuevas características del banco".

Nada más concluir su declaración, comenzó la del ex consejero delegado del SCH, Angel Corcóstegui, que también se negó hoy a contestar las preguntas de las acusaciones particulares. Las preguntas del fiscal y las defensas no se harán hasta esta tarde.

Según las acusaciones, los contratos firmados por el banco establecían un "pacto blindado" que beneficiaba a los indemnizados, que no respondía ni a los estatutos de la entidad ni a la legalidad y que, además, perjudicaba a los accionistas. Botín afirmó ayer que estas acusaciones responden a una estrategia del ex consejero de Banesto, Rafael Pérez Escolar, para dañar al SCH.

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