El G-5 busca la figura del sospechoso para expulsar islamistas de la UE

Los ministros del Interior de los cinco países más grandes de Europa intentan desde el lunes en Granada sentar las bases de un instrumento jurídico que sirva para expulsar a sus países de origen a islamistas sospechosos contra los que no se puede actuar judicialmente. Esta será la segunda reunión de ministros de Interior de estos países que se celebra en España, al haber sido inaugurado este foro en Jerez de la Frontera en mayo de 2003.

El instrumento jurídico que quiere acordar el G-5 podría ser aplicado, por ejemplo, contra los islamistas de los que la Policía tiene indicios racionales de que han pasado por campos de entrenamiento de Al Qaeda en Afganistán o cualquier otro país y que, residentes en Europa aún no han cometido un delito o no hay pruebas de ello.

España cuenta ya con un instrumento para expulsar de su territorio a aquellos sospechosos de actuar contra la seguridad nacional que, sin embargo, no han cometido un delito punible o no se han podido reunir pruebas del mismo a pesar de las certezas policiales. Las autoridades españolas han utilizado en dos ocasiones este instrumento, recogido en la Ley de Extranjería, para expulsar a islamistas que extendían un discurso radical en su entorno, pero que no habían cometido un delito recogido en el Código Penal o no podía haber sido demostrado

Sin embargo, el hecho de que todos los países de la Unión Europea contasen con su lista de sospechosos permitiría un intercambio de información que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado consideran vital en su combate contra las redes de terroristas islamistas. Para ello, cada país establecerá un punto de contacto, que en el caso español sería el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista. El CNCA español tiene su modelo en el JTAC británico y países como Francia ya han expresado su intención de centralizar toda la información antiterrorista de sus diferentes servicios policiales de inteligencia en un organismo de este tipo.

Los ministros europeos son conscientes de los inconvenientes jurídicos que puede propiciar instaurar la figura del sospechoso, por lo que centrarán sus esfuerzos en el instrumento jurídico que la regule. Para ello, deben existir indicios racionales de la implicación de esa persona en actividades del entramado terrorista. Igualmente, dejará de aplicarse la expulsión en el caso de que en el país de origen se practique la tortura o esté instaurada la pena de muerte.

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Asimismo, se impulsará la creación de un instrumento, API, consistente en que los datos de los pasajeros que integren un vuelo comercial lleguen a todos los centros policiales de la UE de tal forma que cuando el aparato aterrice, la Policía del país de destino sepa si tiene un motivo para detener a alguno de los viajeros. El G-5 es un foro informal cuyas decisiones no son vinculantes, pero son propuestas posteriormente al resto de la Unión Europea.

También dentro de la intención de coordinar al máximo la acción policial europea, Alonso insistirá ante sus invitados en extender el sistema de alerta inmediata en caso de robo de explosivos a toda Europa. Las investigaciones posteriores a los atentados del 11-M pusieron de manifiesto lo fácil que resultaba en España el robo de explosivos y este sistema de alerta fue un instrumento instaurado por Interior, junto a la reforma del Código Penal que endurecía las penas, y la reforma del Reglamento de Control, aprobada el pasado viernes en Consejo de Ministros, para poner remedio a esta situación.

Este sistema de alerta inmediata ya se ha extendido a Portugal y su Policía Judiciaria alertará inmediatamente al Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en caso de que se produjese una sustracción en el país vecino de este material susceptible de ser utilizado en atentados terroristas. Esta medida se acordó con Lisboa inmediatamente después de que se conociese de que los detenidos en la 'Operación Nova', que pretendían volar la Audiencia Nacional, habían pensado en cruzar la frontera para conseguir el material con el que cargar un camión-bomba.

Esta vez el anfitrión del G-5, en el que participará por primera vez desde que llegara al Ministerio del Interior, será José Antonio Alonso, quien recibirá en Granada a Dominique de Villepin (Francia), Otto Schilly (Alemania), Charles Clarke (Reino Unido) y Giuseppe Pisanu (Italia). Alonso no es el único ministro que acude a este foro informal por primera vez, ya que Clarke ha sustituido recientemente a David Blunkett, quien dimitió por un escándalo en su vida privada.

La cumbre comenzará con el acuerdo sobre una declaración institucional de condena a todo tipo de terrorismo, pero haciendo mención específica a los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid, de los que se cumplió un año el pasado viernes.

Otra de las medidas que quiere exportar España es el DNI electrónico, que propiciaría que los europeos de los 25 países miembros de la UE dispusiesen de un formato común que los identificase. Las fuentes de Interior consultadas explicaron su utilidad en el hecho de que en la actualidad a un policía español le resultaría muy difícil conocer la autenticidad de un documento, por ejemplo, eslovaco.

En todo caso, los datos biométricos que recogería este DNI electrónico serían el rostro y las huellas. Sin embargo, las citadas fuentes reconocieron que esta medida puede extenderse en el tiempo por dificultades tales como que en Reino Unido no existe un documento de identidad como tal.

En otro punto de la agenda de la reunión figurará la definición del Comité de Seguridad Interior (COSI) que, según el Tratado de Constitución Europea servirá "para reforzar la cooperación y la coordinación operativa de las autoridades competentes de los estados miembros (artículo III-261)". En este sentido, España instará a reforzar Europol, como "el gran centro de recogida de información, elaboración y rebote" a los países de la UE, a modo de un gran CNCA a nivel europeo.