El Gobierno aprueba la creación de la Sociedad Pública de Alquiler

El Gobierno aprobó hoy en Consejo de Ministros la creación de la Sociedad Pública de Alquiler y el Plan Integral contra la Piratería. Con la primera, el Ejecutivo pretende dinamizar el parque de viviendas en renta, que ahora sólo representa el 12%. Para ello, hará de intermediarios entre demandantes y oferentes y tratará de dotar a los propietarios de la suficiente seguridad jurídica y facilitar el acceso a los pisos a unos precios asequibles. En cuanto a las medidas contra la piratería, El Gobierno pondrá a trabajar coordinados a 11 ministerios y creará unidades policiales, fiscales y judiciales especializadas.

Presidido por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández De la Vega, el Consejo de Ministros ha autorizado la constitución de la Sociedad Pública de Alquiler como una sociedad anónima estatal, con un capital de 20 millones de euros suscrito por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del Ministerio de Vivienda y con un desembolso inicial de 6 millones. De esta forma, tras varios meses de retraso respecto a la fecha inicialmente prevista por la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, esta sociedad verá la luz para movilizar un mínimo de 25.000 inmuebles en alquiler a precios asequibles en los próximos cuatro ejercicios.

La sociedad no tendrá carácter indefinido, ya que, según el proyecto, sus estatutos sociales fijarán un plazo inicial de duración de diez años, que se revisará por parte de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Por lo que se refiere a la financiación, el nuevo ente deberá recabar sus propios fondos, por lo que se baraja la posibilidad de que los inquilinos deban pagar una tasa mensual para que los propietarios se comprometan a alquilar a precios razonables. A cambio, la sociedad garantizará al dueño el cobro de la renta y se contratarán seguros para cubrir posibles desperfectos que se produzcan en los pisos cuando los inquilinos los abandonan.

Lucha contra la piratería

El Plan Integral del Gobierno para la Disminución y Eliminación de las Actividades Vulneradoras de la Propiedad Intelectual, más conocido como el Plan de Lucha contra la Piratería, contempla la creación de una Comisión Interadministrativa constituida por representantes de todas las administraciones públicas, organizaciones privadas empeñadas en la defensa de los derechos de propiedad intelectual, entidades de gestión de derechos y asociaciones de consumidores.

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Asimismo, contempla acciones preventivas que pretenden determinar el alcance de la piratería; campañas de sensibilización social; un análisis de herramientas e instrumentos normativos actuales desde la perspectiva del Derecho; así como establecer mecanismos de formación continua para los agentes públicos encargados de velar por el respeto de los derechos de propiedad intelectual y acciones dirigidas a impulsar la investigación en este ámbito, especialmente en las universidades.