Los ayuntamientos aclaran que ellos no decidirán qué documentos son válidos para empadronarse

El Consejo de Empadronamiento no se reunirá hasta el 21 de abril, pero en el comunicado hecho público por su presidenta, y del Instituto Nacional de Estadística se dice que dada la "heterogeneidad" de los distintos documentos públicos, cada ayuntamiento podrá decidir cuáles se consideran "fehacientes" para que el inmigrante opte al empadronamiento 'por omisión'. Sin embargo, esta tarde, los ayuntamientos han aclarado que ellos no serán quienes decidan qué documentos son válidos para empadronarse.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pedirá mañana mismo a la presidenta del Consejo de Empadronamiento, Carmen Alcaide, que especifique cuáles son los "documentos públicos fehacientes" que pueden acreditar la residencia en España de un extranjero y qué fecha debe constar en un "empadronamiento por omisión".

Así lo anunció en rueda de prensa el presidente de la Comisión de Inmigración de la FEMP, Bartolomé González, tras la reunión que mantuvo hoy este órgano, donde los alcaldes trasladaron al Gobierno sus quejas por no haber tenido en cuenta a los municipios y por la improvisación en el proceso de regularización de trabajadores inmigrantes en marcha.

González explicó que el hecho de pedir al Consejo de Empadronamiento que unifique los criterios para todos los entes locales trata de evitar que se cometan "agravios entre ayuntamientos" y de que los "todos los inmigrantes tengan las mismas oportunidades" independientemente del municipio en que residan.

Documentos que podrían servir

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Esta mañana, el vicepresidente de la FEMP, Juan Antonio Millán, enumeraba los documentos que relacionan al ayuntamiento con el inmigrante y que podrían acabar sirviendo como pruebas para el empadronamiento por omisión.

Según él, pueden servir "los informes sociales de las veces que ha ido el emigrante a los servicios sociales, los informes de la seguridad ciudadana, de la policía local, de los servicios de extranjeros municipales".

A esa lista añadía "los certificados de los centros públicos de enseñanza, o guarderías, donde los niños de los inmigrantes han estado inscritos, puede haber datos en el registro municipal del padrón del ayuntamiento de cuando el inmigrante se personó a empadronar en aquellos casos en que el ayuntamiento no lo admitía y puede haber pruebas de algún carné emitidos por alguna administración...".

Caldera rechaza una prórroga del proceso

El colectivo de inmigrantes de Cataluña y el Defensor del Pueblo Andaluz, entre otros, han pedido una prórroga del proceso de normalización que concluye el 7 de mayo. Les preocupa la desigualdad en los plazos que tendrán unos inmigrantes frente a otros para presentar la documentación.

Desde París, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, ya ha dicho que el Gobierno no contempla la posibilidad de prorrogar el actual proceso de regularización.