Las solicitudes de regularización de inmigrantes superan las 300.000

Las solicitudes de regularización de trabajadores inmigrantes ya son más de 300.000, según anunció hoy el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, en el Senado. Esta cifra se enmarca dentro del proceso abierto por el Gobierno el pasado 7 de febrero. Durante su intervención en el pleno de la Cámara Alta, Caldera destacó que ayer fue el día en el que mayor número de solicitudes se presentaron desde de que comenzó el proceso, con casi 12.000 peticiones.

"De seguir así las cosas, van a ser varios cientos de miles de trabajos que van a aflorar a la legalidad, siendo una resultante extraordinaria para la sociedad española", consideró el ministro. Caldera hizo una "valoración muy positiva" de estos datos: "Tenemos 300.000 empleos que estaban en la economía sumergida y ahora van a cotizar a la Seguridad Social y van a dotar a los trabajadores del conjunto de derechos que se merecen".

El titular de Trabajo respondió a una pregunta de la senadora del PNV Elena Etxegoyen, quien se quejó de los problemas surgidos en el proceso de regularización por el exceso de burocracia al que se somete a los solicitantes. Caldera consideró no obstante que "no ha habido incidentes destacables". "El proceso se inició con 160 oficinas de Seguridad Social, 52 oficinas de extranjería, un dispositivo amplísimo de información que incorpora 750 puntos atendidos por CEOE, Cepyme, UGT y CCOO y la información que dan los municipios integrados en la FEMP".

"Cuando se ha detectado un incidente", prosiguió el ministro, "hemos reforzado inmediatamente los activos, y así hemos abierto 23 oficinas más, hemos incorporado 200 trabajadores más para recoger la documentación y se ha incrementado el número de operadores de los teléfonos de información en 170, con varios turnos, que ha permitido reforzar el sistema informático de servicio de cita previa". Como ejemplo del resultado de este dispositivo, Caldera indicó que en Madrid se puede obtener cita en un plazo mínimo de un día, si el peticionario no tiene preferencia por alguna hora u oficina específica, y un máximo de diez días si tiene esa preferencia.