Piquè ofrece un pacto sobre financiación al margen del Estatut

El presidente del PP de Catalunya, Josep Piquè, ha trasladado al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, la predisposición de los populares de alcanzar un acuerdo sobre la reforma del sistema de financiación al margen del Estatut por considerar "más factible" el pacto. Para Piquè, lo "sensato" es trabajar por un acuerdo en materia de financiación ante las dificultades que presenta la reforma estatutaria y el "escepticismo" ante la voluntad de CiU.

Tras mantener una reunión de trabajo con Maragall en el Palau de la Generalitat, que provocó incluso que el Consell Executiu comenzara sin el presidente, Piquè explicó que el repaso "exhaustivo" de los "obstáculos" de los trabajos de la reforma estatutaria conducen al "escepticismo" sobre un acuerdo a corto plazo. Además, trasladó al presidente la evidencia de que "es más difícil el consenso sobre la reforma del Estatut que sobre la financiación".

Piquè dio por hecho que el calendario previsto para la aprobación del Estatut en Catalunya antes de verano no se cumplirá y, aunque en la cumbre de líderes del día 11 de junio se avance, los obstáculos son "muy, muy, muy importantes" y "no se resolverán en cuatro días". Por ello, consideró que se debe trabajar de forma paralela en una propuesta conjunta para la reforma del sistema de financiación "al margen" del Estatut.

Para Piquè, esta línea de trabajo es la más "sensata" y señaló que la dirección del PSC, con Josè Montilla al frente, ya apunta en esa dirección. La primera condición del PP para llegar a un acuerdo es que el sistema de financiación sea "generalizable" al resto de comunidades autónomas, aunque también manifiestan dudas sobre la "constitucionalidad" de algunos elementos de la propuesta del tripartito.

El dirigente del PP reconoció que "los puntos de partida están alejados" pero se manifestó dispuesto a "discutir y negociar" con la Generalitat. Así, consideró de "dudosa constitucionalidad" la "pretensión" de que la Generalitat recaude y gestione todos los impuestos, al igual que la posibilidad de que la administración catalana tenga capacidad normativa sobre todos los tributos, ya que ello supondría "la ruptura del espacio fiscal común", entre otras cuestiones.