La Corte Suprema argentina declara inconstitucionales las leyes que protegían a los represores
Se abre así la posibilidad de que sean juzgados militares y policías que asesinaron y torturaron durante la dictadura
La Corte Suprema de Justicia de Argentina acaba de declarar inconstitucionales las leyes aprobadas durante el Gobierno de Raúl Alfonsín y que supusieron el cierre de cientos de juicios contra represores de la última dictadura militar. Se calucula que entre quinientos y mil militares y policías podrán ahora ser juzgados por su participación en delitos contra los derechos humanos.
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La decisión tomada por la máxima instancia judicial argentina de invalidar las leyes conocidas como "Punto Final" y "Obediencia Debida" permitirá seguir adelante numerosos procesos judiciales, que estaban congelados, por delitos de lesa humanidad y violaciones de los derechos humanos perpetradas durante el règimen militar.
La Corte Suprema decidió el fallo con el voto favorable de siete de sus nueve miembros, un voto en contra de la resolución y una abstención.
Tres años de espera
El tribunal supremo adoptó la medida después de analizar durante más de tres años un caso concreto sobre la desaparición, en 1978, de un matrimonio formado por un chileno y una argentina y la apropiación de la hija de ambos.
En cualquier caso, la resolución sienta un precedente que abre la posibilidad de que un número indeterminado de militares y policías -entre quinientos y un millar- que participaron en la represión sean enjuiciados.
Estas polémicas leyes, ahora declaradas inconstitucionales, sirvieron para "pasar página", tras el final de la dictadura militar que sumió al país en una feroz represión entre 1976 y 1983.
Sin embargo, tanto las víctimas de la dictadura como las organizaciones defensoras de los derechos humanos siempre las consideraron como una amnistía encubierta para los autores de crímenes contra la humanidad.
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