CiU propone blindar la finaciación, recaudar todos los impuestos y pactar con el Estado un 'cupo'
La Generalitat ve "elementos de difícil encaje" y una "negociación difícil"
El presidente de CiU, Artur Mas, ha presentado en el Parlament de Cataluña la oferta definitiva de su partido sobre el nuevo modelo de financiación de la comunidad. El modelo que propone Mas es el de un concierto con el Estado de gestión y recaudación del 100 por cien de los tributos. Mas advirtió ayer de que su formación votará contra el nuevo Estatut si el tripartito se opone a esta propuesta. La Generalitat ya ha respondido y ha asegurado que ve en ella "elementos de difícil encaje".
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El presidente de CiU, Artur Mas, presentó esta mañana la "última" propuesta para un nuevo modelo de financiación autonómica en la que se reproduce el artículo del actual Estatut de 1979 sobre la hacienda de la Generalitat para garantizar su constitucionalidad.
La propuesta, "inspirada" en el "concierto económico solidario" que los nacionalistas defendían inicialmente, también incluye textualmente fragmentos de la propuesta del Gobierno tripartito con el objetivo de facilitar el acuerdo.
La federación nacionalista plantea que la Generalitat recaude y administre todos los impuestos que ciudadanos y empresas pagan en Catalunya. Además, prevé el "momento cero" tras la aprobación del Estatut reproduciendo el precepto del actual Estatut según el cual la Generalitat recibiría una cantidad de partida sobre el conjunto de ingresos del Estado.
Mas sostuvo que su formación "no puede hacer más", "no puede ir más atrás" y advirtió, aunque insistiendo que no hay "ultimátum alguno", que "por debajo de esto sería muy difícil que llegáramos a un acuerdo".
Blindaje
CiU también recurre a la Constitución para garantizar el blindaje del régimen económico y fiscal de Catalunya y establece en su propuesta que las relaciones de orden tributaria y financiera entre el Estado y Catalunya se regulan "por el presente Estatut", aunque se añade la frase "en el marco de lo que establecen los principios de la Constitución".
Además, se subraya que el Estatut sería de "aplicación preferente en caso de conflicto normativo" con cualquier ley estatal, incluida la LOFCA, "en aplicación de los principios de proximidad y subsidiariedad".
En materia tributaria, CiU plantea la "cesión" de la totalidad de los impuestos estatales que se recaudan en Catalunya. Se prevé la Agencia Tributaria de Catalunya para gestionar estas funciones.
Cuota de retorno
Otro de los elementos de la propuesta de CiU es la determinación de una "cuota de retorno" que se pactaría entre Generalitat y Estado, en el marco de una comisión mixta bilateral y paritaria, y se actualizaría cada cinco años. De esta forma, según Mas, el Estado "participará en un cesto de impuestos que recauda la Generalitat, que tendría la llave del cajón", exactamente al contrario que en el actual modelo.
Esta cuota se calcularía atendiendo a la carga de los servicios del Estado en Cataluña y a la solidaridad con el resto de autonomías. Para ello, CiU ha reproducido textualmente parte de la propuesta del tripartito para establecer que la solidaridad se fijará de forma que "los servicios prestados por diferentes gobiernos autonómicos puedan alcanzar niveles similares siempre que realicen un esfuerzo fiscal similar".
La Generalitat, con cautela
El primer consejero de la Generalitat, Josep Bargalló, se manifestó esta tarde prudente ante la propuesta de CiU de sistema de financiación autonómico aunque ya avanzó que tras una primera lectura el Ejecutivo catalán ha detectado "elementos de muy difícil encaje" en la propuesta del tripartito, que es la que incorpora el proyecto de Estatut.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu, Bargalló auguró un proceso de negociación "duro" y "más difícil que fácil" y que probablemente no se cierre antes del día 19, fecha límite para presentar enmiendas al proyecto de Estatut tras el dictamen del Consell Consultiu, aunque no se descarta negociar hasta el día pleno de aprobación del nuevo Estatut previsto para la última semana de septiembre. En cualquier caso, la voluntad del Gobierno, según Bargalló, es "que el calendario se mantenga".
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