El Gobierno cambia la ley para no indemnizar a quien mate a su pareja
Con el régimen anterior, el homicida quedaba legalmente como víctima indirecta y podía beneficiarse de las ayudas
El Gobierno ha aprobado hoy un Real Decreto que modifica el reglamento de ayudas a las víctimas de la violencia de género, con el fin de evitar que las personas condenadas por el asesinato de su pareja figuren como beneficiarios legales. Con el régimen anterior, el homicida figuraba legalmente como víctima indirecta y podía percibir la ayuda. Aunque en la práctica esta indemnización no se otorgaba cuando el beneficiario había participado en la comisión del delito, se reducía a la mitad la cantidad que corresponde a los hijos. Incluso en caso de no existir descendientes, suponía la exclusión del derecho a la percepción por parte de los padres del fallecido.
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El Real Decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros se aplica en todos los casos en los que una persona mate a su pareja estable, independientemente de la orientación sexual de ambos. Además, la nueva medida garantiza los derechos de las víctimas de delitos cometidos en cualquier país de la Unión Europea, aunque residan en otro estado miembro. Estas normas regirán para los delitos cometidos después del 30 de junio del 2005.
La reforma supone la adecuación de las leyes españolas a lo dispuesto en una directiva comunitaria de 2004, en la que se estipula que el estado miembro en cuyo territorio se hubiera cometido el delito es el responsable del pago de la indemnización a la víctima.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha destacado que la nueva normativa supone un refuerzo para las ayudas destinadas a las víctimas de delitos violentos o sexuales, porque "por increíble que parezca, una persona que asesinaba a su pareja podía además ser beneficiaria por ayudas indirectas. Esta situación necesitaba adaptarse a la justicia y al sentido común".
Según De la Vega, a partir de ahora, el agresor queda excluido de recibir ayuda alguna, y se garantizan también los derechos y el pago de indemnizaciones a las víctimas.