España defiende los poderes de la CNE para vetar la opa de E.on porque "otros estados hacen lo mismo"

El Gobierno español ha respondido a Bruselas con una carta de 12 folios en la que explica por qué se ha dotado de poder a la CNE para vetar OPAs como la de E.On. Esa carta, que ha adelantado la Cadena SER, el Ejecutivo da dos argumentos principales para justificar esa decisión: otros estados hacen lo mismo y no se viola la legislación comunitaria.

El primero, el de que el Real Decreto-Ley trata de evitar situaciones de desventaja del Estado español. Según esas carta, "resulta necesario tener en cuenta que el proceso de privatización no ha sido homogéneo en todos los Estados miembros" y que Estados como el italiano, el francés o el portugués todavía ejercen derechos de veto en operaciones del sector energético.

El segundo argumento del Gobierno, es el de que el Real Decreto aprobado el día 20 no viola el Tratado Europeo y corrige dos errores previos de la legislación española: "Por una parte, no se contemplaban todos los intereses que deben ser protegidos por los poderes públicos; por otra, no se sometía a simétrica consideración las operaciones cualquiera que sea el agente promotor de las mismas,". Dicho de otra forma, la CNE tenía -hasta ahora- derecho de veto sobre OPAs nacionales pero no internacionales. Eso, argumenta el Gobierno español, debe corregirse ahora.

El Ejecutivo español concluye en esa carta que "por ello se ha considerado coherente con el sistema vigente ampliar su ámbito subjetivo" y apunta que esta decisión cumple con el Tratado de la UE, puesto "que una libertad fundamental de las consagradas en el Tratado CE puede limitarse mediante una normativa nacional si ésta se halla justificada en alguna de las causas previstas en el Tratado o por razones imperiosas de interés general".

El Gobierno español da por contestados los requerimientos de Bruselas y se muestra dispuesto a dar más información si la Comisión la solicita con la siguiente despedida: "Esperamos que los anteriores argumentos, claros y contundentes, sirvan para disipar cualquier duda sobre la plena adecuación del Real Decreto-Ley a las libertades reconocidas en el Tratado CE, en los términos configurados por la jurisprudencia interpretativa. En cualquier caso, estamos dispuestos a ampliarlos si así se solicita".