El Senado aprueba por unanimidad la disolución del Ayuntamiento de Marbella
El Ejecutivo ha elevado también la consulta al Consejo de Estado
El pleno del Senado ha aprobado por unanimidad, 233 votos, el informe de la Comisión General de Comunidades Autónomas de la Cámara Alta favorable a la disolución del Ayuntamiento de Marbella. Por la mañana, esta comisión del Senado había acordado por asentimiento elevar el informe favorable a esta medida, una decisión "excepcional, sin precedentes", como recordó el presidente de la comisión, Juan José Laborda.
El informe se trasladará ahora al Gobierno, de acuerdo con el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local para que el Consejo de Ministros del próximo viernes determine la disolución del consistorio marbellí.
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En la sesión el senador del PP Joaquín Luis Ramírez ha criticado a la Junta de Andalucía por su "connivencia" con los casos de corrupción del consistorio de Marbella, lo que
ha llevado al presidente del Senado, Javier Rojo, a obligarle a retirar del acta esa "imputación" al Gobierno andaluz.
El informe en Comisión fue aprobado por la mañana por todos los miembros y sólo interveino su presidente, Juan José Laborda, quien instó a sus miembros a tener presente que, ante la falta de precedentes, y al tratarse de una decisión "enormemente excepcional", ésta es "una de las pocas veces en las que la función del Senado se asimila a la de un juez o jurado, por lo que requiere de una cierta meditación".
Decisión grave
Laborda recordó que se trata de una decisión "grave, que afecta a los derechos de las personas y que concierne al prestigio de la política", y precisó que "no se trata de disolver una empresa o un club de fútbol, sino un Ayuntamiento, algo que afecta a la autonomía local, uno de los elementos angulares de nuestro ordenamiento constitucional y democrático".
"Somos conscientes de que vamos a disolver el Ayuntamiento de Marbella no porque su alcaldesa o miembros de la Corporación hayan sido procesados y encarcelados por la Justicia, sino porque el informe del Consejo de Ministros del 4 de abril y el remitido por la Junta de Andalucía —en los que se pide la disolución— los encontramos insertos en el núcleo del artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local", indicó.
