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Las regiones con costa ya han duplicado los permisos para construir respecto a 2005

Informe "Destrucción a toda costa 2006" de Greenpeace

Las comunidades autónomas con costa han aprobado este año 1,5 millones de viviendas más en su litoral, lo que duplica las de 2005, especialmente en Comunidad Valenciana y Andalucía, según el informe "Destrucción a toda costa 2006" elaborado por Greenpeace.

Según sus datos, presentados hoy en rueda de prensa, en 2006 se han aprobado 1.479.000 nuevas viviendas; 303 campos de golf; 116 puertos deportivos o ampliaciones de éstos, con capacidad para 42.337 embarcaciones; se han conocido 102 casos de corrupción urbanística y hay 99 localidades con vertidos contaminantes en su litoral.

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La Comunidad Valenciana y Andalucía, explicó la responsable de Costas de Greenpeace, María José Caballero, son "las que menos cuidan su litoral", especialmente en lo que se refiere a nuevas viviendas, campos de golf y puertos deportivos. A continuación se sitúa Murcia que, a pesar de presentar menos proyectos, añade una característica "muy preocupante: la agresión a los espacios naturales y la autorización de todo tipo de construcciones".

Entre la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia superan las 300.000 viviendas, y la mayor parte de las nuevas residencias se concentran en proyectos con campos de golf. Después se situaría Galicia, que tiene aprobadas 300.000 nuevas viviendas, "que amenazan con desfigurar completamente su costa".

Del resto de comunidades autónomas, Cantabria, Baleares y Canarias albergan una cifra menor de agresiones, "aunque muchas de ellas supondrán un grave deterioro de su litoral. Asturias, con menos "puntos negros", destaca por la elevada cantidad de proyectos urbanísticos investigados por la Justicia. Cataluña y el País Vasco "acumulan menos amenazas" y ambas destacan por las medidas "positivas" para su litoral reflejadas en sus legislaciones pero, subrayan, la primera es la que "más ladrillos tiene en su costa".

El 20% de la costa, resumen, está construido y el 40% "desnaturalizado", lo que refleja "una falta de acción política" para proteger de forma efectiva el litoral.

 
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