La Fiscalía acusa al alcalde de Fuensalida (Toledo) por prevaricación, malversación y coacciones
Según la denuncia se habría dado una "compraventa de terrenos" sin observar el alcalde el procedimiento legal
El Fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Toledo, José Javier Polo, ha ordenado al Juzgado de Instrucción Decano de Torrijos la incoación de diligencias previas contra el alcalde de Fuensalida (Toledo), Víctor Fernández, por un supuesto delito de prevaricación, sobre la ordenación del territorio, malversación de caudales públicos y coacciones.
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La denuncia del fiscal, a la que tuvo acceso Europa Press y con fecha de entrada del pasado mes de octubre, explica que el pasado 30 de junio se recibió escrito procedente de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción presentado por José Manuel Ballesteros dos meses antes, actual secretario del Ayuntamiento de Castro Urdiales, que ocupó el mismo puesto en el Consistorio municipal de Fuensalida.
Continúa afirmando que los hechos puestos de manifiesto por el denunciando pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación, sobre la ordenación del territorio, malversación de caudales públicos y coacciones.
Así, detalla que en el presente supuesto, se habría dado una "compraventa de terrenos por parte del Ayuntamiento de Fuensalida sin observar el alcalde el procedimiento legalmente establecido; la realización de contrataciones públicas sin observar las normas pertinentes para ello, así como la denegación de bonificaciones a ciudadanos sin que exista motivo para ello".
También apunta a la concesión de diversas licencias urbanísticas contraviniendo la ley, y a comunicaciones al denunciante en su función de secretario del Ayuntamiento de Fuensalida, realizadas por el alcalde, "a fin de obligarle a actuar de un modo contrario a su criterio profesional".
Igualmente, denuncia fraudes e irregularidades en la contratación de limpiadoras del Consistorio, así como incoación de expediente disciplinario al referido denunciante, por parte del alcalde, "al no querer aquél acceder a las ilegales pretensiones de éste".
Por todo lo anterior, el fiscal de Toledo considera procedente la incoación de diligencias previas por si los hechos expuestos pudieran ser constitutivos de delitos de prevaricación, sobre la ordenación del territorio, malversación de caudales públicos y coacciones.
Agrega que sin perjuicio de las poteriores investigaciones, las diligencias deberían dirigirse contra el alcalde y los miembros de la Corporación municipal que hubieran intervenido en los hechos denunciados, de los cuales solicita declaración judicial en calidad de imputados.
