Mena: "No se puede confundir independencia de la administración local con impunidad"
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ofrece a la SER su última entrevista antes de jubilarse
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Mena, ha calificado de "válida y necesaria" la futura Oficina Antifraude que el Ejecutivo tripartito ha incluido en su programa de gobierno. Mena asegura que "conviene una oficina dotada de suficientes medios y de independencia absoluta para el desarrollo de sus funciones como filtro administrativo de la acción de la gestión pública".
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El fiscal jefe sale al paso de los comentarios que situaban a la Oficina Antifraude como un órgano cuya función podía solapar la de la Fiscalía: "en absoluto", continúa Mena, "somos dos instituciones perfectamente compatibles y complementarias. Si me permite un símil futbolístico, es como si ellos (la Oficina Antifraude) jugasen en el centro del campo o por los extremos para centrar balones a nosotros (la Fiscalía) que somos los encargados de rematar. Incluso tengo un borrador de protocolo de colaboración entre las dos instituciones".
Respecto a las críticas vertidas sobre la eventual capacidad de la futura Oficina Antifraude para investigar a los ayuntamientos, Mena sale al paso afirmando que "esta oficina ha de tener, naturalmente, capacidad para la investigación administrativa de las agencias locales. Ahora más que nunca y tras la 'operación Malaya', nadie va a dudar del siguiente concepto: no se puede confundir independencia de la administración local con impunidad de la administración local".
Profesores y personal sanitario
Mena también ha hablado sobre la violencia en las aulas. "Efectivamente, he pedido contundencia a los fiscales para castigar con penas de atentados a aquellas personas que agredan a funcionarios públicos del ámbito de la enseñanza o la sanidad. La ley lo dice y lo permite y lo avala la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Según esta jurisprudencia, que yo comparto, los médicos, enfermeros o maestros que trabajan en centros sanitarios o escuelas públicas son funcionarios públicos, y por ello a quienes les agredan, les podemos acusar de atentando. A los maestros o médicos del ámbito privado, solo les podemos acusar, por los mismos hechos, de un delito de lesiones. Lo siento mucho, las cosas son así, yo no he hecho la ley".
El delito de lesiones no implica prisión, pero el de atentado sí.
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