Sociedad | Actualidad

Venezuela ratifica que no habrá ni nacionalización ni indemnizaciones a etarras

Moratinos se reúne con el embajador venezolano en Madrid

Madrid

El Gobierno venezolano ha asegurado a las autoridades españolas que desautoriza "íntegramente" el contenido del acuerdo amistoso suscrito entre un funcionario del Ministerio de Exteriores y los abogados de los dos miembros de la banda terrorista ETA extraditados a España a los que se iba a indemnizar y que contempla además el inicio de las gestiones para otorgar la nacionalidad venezolana a otros cuatro etarras.

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La ratificación ha llegado de la mano del embajador de Venezuela en España, Arévalo Méndez, y el ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Angel Moratinos. La vicepresidenta primera da por zanjada la polémica durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y dice que el tema "ha estado suficientemente explicado".

Antes, el Ejecutivo de Hugo Chávez había remitido un comunicado a la Embajada en España en el que aclaraba que este acuerdo, firmado el pasado mes de junio, no le fue consultado debidamente, por lo que asegura que los compromisos alcanzados en el mismo quedan "por consiguiente sin efecto". La esperada confirmación se ha conocido después de que el Gobierno venezolano destituyera a la funcionaria del Ministerio de Exteriores que negoció el acuerdo.

Con el comunicado, Caracas asegura que no indemnizará a los etarras Sebastián Echániz Alcorta y Juan Víctor Galarza, y que suspenderá el posible inicio de las gestiones para otorgar la nacionalidad venezolana a los otros cuatro miembros de ETA que residen en el país sudamericano.

Suponía la nacionalización de cuatro etarras

Concretamente, el acuerdo establecía una indemnización de casi 1.000 millones de bolívares (casi 350.000 euros) para los dos etarras y sus familiares por los supuestos "daños morales y perjuicios" causados por lo que considera una deportación "ilegal y arbitraria".

Venezuela afirma en la nota oficial emitida hoy que "las relaciones con el Reino de España constituyen una prioridad" en su política exterior, de modo que señala que mantiene su "disposición a la consulta y al diálogo permanente como mecanismos para el entendimiento y fortalecimiento de la misma".

 
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