El Gobierno y el PP rompen la negociación del plan de lucha contra el fraude urbanístico
La ruptura, según los populares, "no se debe al distanciamiento político de los últimos días"
Madrid
El Gobierno y el PP han roto la negociación que mantenían desde el pasado mes de junio para pactar un conjunto de medidas que frenen la creciente corrupción urbanística en los ayuntamientos españoles, según ha adelantado la cadena de televisión Cuatro.
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La ruptura, según el PP, "no se debe al distanciamiento político de los últimos días" entre el principal partido de la oposición y el Ejecutivo, sino al hecho de que el plan contra la corrupción no modifique algunos aspectos de la financiación de los ayuntamientos. El PP quería cambiar la Ley de Haciendas Locales, a lo que se opone el Ejecutivo porque el texto está vigente desde sólo 2003 y no ha podido mostrar todavía sus resultados.
Los populares afirman -además— que el gobierno ha obviado algunos aspectos sustanciales de la Ley de Bases de Administraciones Locales, como la de evitar que dependa de los estatutos de autonomía como el catalán. Por último, el PP también considera que no se clarifica el papel de las Diputaciones en la lucha contra el fraude.
Rajoy comunicó la oposición a las medidas
El presidente del PP, Mariano Rajoy, traslado personalmente al ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, a principios de diciembre su oposición a las medidas que se negociaban desde junio. Así, en una reunión a principios de diciembre se puso fin a una ronda negociadora que había incluido contactos con la secretaria Ejecutiva de Política Autonómica y Local del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Ahora, el Gobierno estudia fórmulas para sacar adelante su plan con medidas que incluyen obligar a los alcaldes y concejales a presentar una declaración de su patrimonio antes y después de acceder a sus cargos; que los cambios urbanísticos se sometan a pleno municipal y no, como ahora, a las comisiones de urbanismo; y presentar una enmienda a su Ley del Suelo, que se encuentra en trámite en el Senado, para incluir estas y otras medidas contra el fraude.
Al menos tres ministerios habían trabajado en ese plan que debía estar cerrado a principios de 2007, pero que fue retrasado para contar con el consenso de los populares. Ese consenso se da por perdido ahora.
