Bush cede a las críticas y somete sus escuchas telefónicas a control judicial
La Casa Blanca pondrá el programa de escuchas telefónicas bajo la autoridad de un tribunal
En un gesto que la prensa estadounidense ha interpretado como un modo de acallar las enormes críticas al polémico programa de escuchas telefónicas, el presidente Bush pondrá este sistema de espionaje bajo la vigilancia de un tribunal específico, según ha anunciado el Departamento de Justicia.
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El Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia Internacional es el órgano designado por el secretario de Justicia, Alberto Gonzales, para encargarse de supervisar las escuchas en territorio estadounidense. "El presidente ha decidido no re-autorizar el Programa de Vigilancia Terrorista (TSP, en inglés) cuando expire el actual permiso", ha dicho Gonzales en una carta dirigida al Comité Judicial del Senado.
"Cualquier vigilancia electrónica que tuviese lugar como parte del TSP se llevará a cabo ahora bajo la aprobación del Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia Internacional", señala el fiscal general estadounidense en la misiva, remitida a los senadores Patrick Leahy (demócrata) y Arlen Specter (republicano).
Un arma fundamental contra el terrorismo, según Bush
De hecho, esta corte ya ha aprobado una petición para "pinchar" las comunicaciones de un sospechoso de pertenecer a Al Qaeda o a algún grupo terrorista asociado. La carta de Gonzales llegó tan sólo un día antes de su comparecencia ante el Comité Judicial, en el que algunos miembros se habían opuesto al programa y que, además, ahora está dominado por los demócratas.
La Casa Blanca ha mostrado este miércoles a través de su portavoz, Tony Snow, su satisfacción con la labor de la corte especial. La Administración Bush había reiterado por activa y por pasiva que el programa de escuchas telefónicas sin autorización judicial, instaurado tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), es un arma fundamental en la lucha contra el terrorismo.
La existencia del programa fue revelada a finales de 2005 por el diario The New York Times, que basó su información en fuentes anónimas. La Casa Blanca confirmó posteriormente que en 2002 Bush autorizó a la NSA a intervenir sin autorización judicial las comunicaciones telefónicas y electrónicas de personas en EE UU en investigaciones sobre terrorismo.
