La Casa Blanca apela a la Constitución para justificar las escuchas
Un documento elaborado por el fiscal general asegura que el presidente tiene plenos poderes para espiar sin autorización de un juez
El Departamento de Justicia estadounidense ha hecho público un documento en el que apela a la Constitución y a otras leyes para justificar las escuchas telefónicas sin autorización judicial en el marco de la lucha contra el terrorismo emprendida por la Administración Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
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El documento, remitido hoy al Congreso por el fiscal general estadounidense, Alberto Gonzales, insiste en esta tesis al asegurar que la autorización concedida por la cámara "sitúa al presidente con plenos poderes para autorizar las actividades de la NSA". Las actividades de espionaje a los ciudadanos estadounidenses son "legales en todo sentido", insiste el documento.
El dossier de 42 páginas elaborado por el departamento de justicia también apela a la Constitución y a documentos federales y escritos elaborados por anteriores presidentes, tanto republicanos como demócratas, para justificar la actuación de Bush.
La "autoridad" del presidente
Incluso recuerda resoluciones de los tribunales y escritos elaborados por expertos en la materia que ampararían la orden dada por Bush a sus servicios de seguridad. "El presidente tiene la determinación de ejecutar toda la autoridad de la que dispone, amparada por la Constitución, para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos", asegura el informe.
El documento también pone en duda la constitucionalidad de una ley federal del año 1978 que regula las actividades de los servicios de inteligencia y prohíbe expresamente las escuchas domésticas sin las debidas garantías judiciales concedidas por un tribunal especial.
Críticas de grupos de derechos civiles
Pero esos argumentos no convencen a grupos defensores de los derechos civiles, como el Centro de Derechos Constitucionales y la Unión Americana de Libertades Civiles, que depositaron hace tres días ante los tribunales de Detroit y Nueva York sendas demandas en las que piden que cese el programa de escuchas electrónicas del Gobierno por ilegal e inconstitucional.
También los demócratas han aprovechado este último escándalo para sacar rédito político. El ex vicepresidente Al Gore irrumpió en la polémica el pasado lunes al asegurar que Bush ha violado "repetida e insistentemente" la ley.
El programa secreto de espionaje a ciudadanos estadounidenses fue revelado por el periódico The New York Times hace un mes, después de que una fuente no identificada le filtrara desde el Gobierno los polémicos documentos.
