El Gobierno aprueba una Ley de la Guardia Civil "cercana, racional y moderna"
Luz verde al Régimen Disciplinario de la Guardia Civil y la Ley de Derechos y Deberes del cuerpo que regula el asociacionismo
El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo Régimen Disciplinario de la Guardia Civil y la Ley de Derechos y Deberes de la Guardia Civil que regula el asociacionismo. De estas dos leyes, la más importante es la Ley de Derechos y Deberes ya que es el estatuto del instituto armado y regula el derecho de asociación en los términos que quería la Asociación Unificada de la Guardia Civil, la asociación mayoritaria.
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Tras el Consejo de Ministros el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que ambos proyectos "sientan las bases de la Guardia Civil del siglo XXI y suponen un ejercicio de confianza por parte del Gobierno en las tareas que realiza la Guardia Civil en defensa de los derechos de los ciudadanos".
Por su parte, la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha afirmado que eran un compromiso electoral del Gobierno que se ha visto cumplido, y ha coincidido con Pérez Rubalcaba en que "colocan a la Guardia Civil en el siglo XXI en lo que se refiere al reconocimiento de derechos y a su Estatuto".
Reformas profundas
No va a haber sindicatos, pero sí asociaciones profesionales. Además se va a aprobar el Consejo de la Guardia Civil, bastante similar al de la Policía Nacional. Se pretende además que este Consejo tenga representación en todas las escalas y, en concreto, que haya un miembro por cada 6.000 efectivos.
Va a haber también un Consejo Asesor, con 15 vocales de todas las escalas y elegidos por sufragio universal. Además, la Ley de derechos y deberes da un año de plazo para que haya elecciones.
Lo más importante del nuevo Régimen disciplinario de la Guardia Civil es que se elimina la aplicación del Código Penal militar excepto para situaciones de guerra, de sitio y misiones en el extranjero. Además, después de diferentes trámites parlamentarios se han eliminado algunas sanciones que limitaban el ejercicio de la libertad de asociación.
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