La muerte de Inmaculada Echevarría reaviva el debate sobre la eutanasia
La ministra de Sanidad dice que la retirada del respirador ha sido un "rechazo a tratamiento"
La muerte de Inmaculada Echevarría, desconectada el pasado miércoles del respirador artificial en un hospital público de Granada, ha provocado opiniones enfrentadas de políticos, médicos y asociaciones del paciente. El Gobierno y la Junta andaluza defienden que no se trata de eutanasia sino de una práctica de limitación del esfuerzo terapéutico, prevista en la ley.
La ministra de Sanidad, Elena Salgado, y el presidente de Andalucía, el socialista Manuel Chaves, han coincidido en que el caso de Inmaculada Echevarría es un "rechazo de tratamiento y limitación del esfuerzo terapéutico".
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"La prueba está en que ni el Consejo Consultivo ni el Consejo Ético lo han considerado como un caso de eutanasia, sino como un supesto contemplado en la Ley de Autonomía del Paciente", ha dicho Chaves.
Inmaculada Echevarría, de 51 años, murió en el Hospital público San Juan de Dios de Granada tras ser trasladada desde la clínica religiosa de San Rafael. Llevaba 10 años postrada en la cama por una distrofia muscular.
El secretario general del Partido Popular andaluz, Javier Arenas, ha coincidido en que no es "un supuesto de eutanasia, sino de consentimiento informado para dejar de recibir un tratamiento".
La Sociedad Internacional de Bioética ha asegurado también que "no se trata ni de eutanasia ni de suicidio asistido". "Esta cuestión está en nuestra norma perfectamente clara", ha explicado Marcelo Palacios, presidente del Comité Científico.
Eutanasia pasiva
En cambio, el presidente de la Asociación Española de Bioética, Manuel de Santiago, considera que el caso de Echevarría puede abrir la puerta en España de una ley de eutanasia y rechaza los argumentos del Gobierno y la Junta.
El concepto de limitación del esfuerzo terapéutico no es "asimilable exactamente a la situación de Inmaculada Echevarría, puesto que su situación mental era excelente y no tenía una previsión de morir en un plazo determinado", ha dicho.
Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, declaró a Cadenaser.com que es "un caso de eutanasia pasiva" por "omisión de un medio [el respirador que tenía Inmaculada] "que era proporcionado y necesario". "No hay ninguna justificación ética" en este caso.
"Se le desconectó el respirador en el proceso normal de su enfermedad, esto es un dato muy importante, no habían cambiado las circunstancias médicas, la desconexión se ha producido sólo por la petición de la paciente", añadió Latorre, para quien "es triste saber" que el hijo de Inmaculada y "los padres adoptivos de éste, al enterarse de su situación, quisieron cuidarla y quererla y no aceptó esta ayuda".
En definitiva, "la solución nunca puede ser eliminar al paciente, ni directamente ni retirándole los medios ordinarios y necesarios para la vida", según Latorre.
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