Declarado inconstitucional el 'decretazo' de Aznar que llevó a la huelga general en 2002

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional el Real Decreto Ley de la reforma laboral del 24 de mayo de 2002, más conocido como el decretazo, por estimar injustificada la urgencia que alegó el Gobierno de José María Aznar para aprobar esta norma, que derivó en una huelga general.

Esta es la primera vez que el TC declara inconstitucional un decreto ley porque entiende que el Gobierno no aportó ninguna justificación para apreciar la concurrencia de la urgente necesidad que alegó para legislar mediante este procedimiento extraordinario.

La sentencia habla de la "extrema ambigüedad" del Gobierno a la hora de alegar la urgencia y, por lo tanto, no ve "situación de extraordinaria y urgente necesidad" que estableció el Ejecutivo de Aznar. Además, el Constitucional concluye que no se aportó "ninguna justificación" para proceder de esta forma y los argumentos utilizados fueron "teóricos y abstractos".

El TC estima así los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Junta de Andalucía, más de cincuenta diputados de los Grupos Parlamentarios Socialista, Federal de Izquierda Unida y Mixto del Congreso de los Diputados contra el decretazo. La aprobación de dicho Decreto Ley dió lugar a la convocatoria por los sindicatos de una huelga general el 20 de junio de 2002.

Reacción del Gobierno

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La vicepresidenta del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, ha comentado esta sentencia del TC recordando que el PSOE dijo en su día que este Real Decreto "no era urgente, ni necesario". Añadió, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el decretazo fue "innecesario y extremadamente lesivo para los intereses de los trabajadores".

El secretario de Acción Sindical de la Unión General de Trabajadores (UGT), Toni Ferrer, ha declarado que la decisión del TC "es una buena noticia que viene a dar la razón a los sindicatos".

Este sindicato no descarta pedir responsabilidades por el periodo en el que estuvo vigente la ley, de mayo a diciembre de 2002. Por lo que podrían plantearse "reclamaciones por los recortes que hubo en la prestación del desempleo". "No descartamos demandas para que los trabajadores sean resarcidos de los derechos que se cercenaron entonces", ha añadido Ferrer.

Este portavoz sindical ha declarado que los sindicatos ya dijeron cuando se aprobó el decreto que "no había urgencia para utilizar una vía que frenaba la negociación". En este sentido, añadió que "las reformas en legislación laboral deben venir del diálogo". En opinión de Ferrer, la voluntad del Gobierno de Aznar fue "recortar los derechos de los empleados".