Aplazado hasta octubre el juicio contra Julián Muñoz
El ex alcalde de Marbella será juzgado junto a otros siete ex ediles del GIL por conceder una licencia de obra en suelo urbanizable en 1998
Málaga
El juicio previsto para hoy en el juzgado de lo Penal 8 de Málaga contra el ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, y otros siete ex concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL), por conceder una licencia de obra en suelo urbanizable en 1998, ha sido aplazado hasta octubre por los recursos planteados por las defensas de varios de los imputados.
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La defensa de la ex edil María Luisa Alcalá ha solicitado la suspensión por la indefensión que a su juicio supone haberse hecho cargo del caso recientemente, mientras que el letrado Pablo Luna -que defiende a otros dos acusados- ha pedido que se dicte la requisitoria de busca y captura del concejal Juan Antonio Yagüe antes de que se celebre la vista oral.
Muñoz, encarcelado desde el 20 de julio por su implicación en el Caso Malaya, se enfrenta a una petición fiscal de veinte meses de cárcel por conceder en 1998 una licencia de obra para una vivienda unifamiliar a la entidad "Artola Inversiones" en suelo no urbanizable.
En este procedimiento están imputados los ex concejales Rafael González, Mario Jiménez, Manuel Calle, Juan Antonio Yagüe, María Luisa Duarte Alcalá, Dolores Zurdo y Pedro Román, que por entonces era la mano derecha de Jesús Gil.
Los hechos se remontan a febrero de 1998, cuando la comisión de gobierno concedió a la entidad "Artola Inversiones" la licencia de obra con un presupuesto de 105.799 euros en un suelo clasificado de acuerdo al PGOU vigente de 1968 como rústico de control urbanizable.
Posteriormente, el Ayuntamiento autorizó el proyecto de ejecución, pese a que el plan parcial de 1984 configuraba el suelo como zona educativa y docente de uso público.
La acusación popular en este caso, ejercida por la abogada Inmaculada Gálvez, aseguró que este aplazamiento forma parte de la estrategia de las defensas para "dilatar" el proceso, a la espera de que se legalicen las 30.000 viviendas de Marbella con el nuevo PGOU.
En este sentido, lamentó que la Junta de Andalucía "va a dar una amnistía" a las viviendas ilegales y arguyó que "si se legalizan, no hay delito urbanístico", por lo que "habría que archivar todas las diligencias" por estas causas e incluso "no se celebrarían los juicios".
Por este caso, el Ministerio Público solicita para cinco ex concejales veinte meses de prisión, y dieciocho para el que fue primer teniente de alcalde Pedro Román y otro edil de la corporación marbellí.
Julián Muñoz, al que le pesan dos condenas firmes por los casos Proinsa y Banana Beach, se enfrenta en el mes de mayo a otros dos juicios por delitos urbanísticos, en uno de los cuáles está acusado el ex asesor de Urbanismo de Marbella y presunto cerebro de la trama de corrupción municipal, Juan Antonio Roca.
