La Audiencia Nacional absuelve a los 18 acusados por el fraude del lino
La Fiscalía Anticorrupción había pedido entre siete meses y tres años de prisión para ellos
La sección cuarta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha absuelto esta mañana a los 18 acusados por el caso del supuesto fraude en el cobro de subvenciones europeas en el sector del lino textil. La sentencia absolutoria llega seis años después de la apertura de la causa, en la que la Fiscalía Anticorrupción había pedido penas de entre siete meses y tres años de prisión.
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El tribunal preside Fernando Bermúdez de la Fuente había citado a las 12.00 a los abogados de los procesados, que fueron juzgados entre octubre y febrero pasados, para comunicarles la sentencia. El fiscal Anticorrupción Juan Pavía había pedido para los acusados entre siete meses y tres años de prisión y multas de entre 6.000 y 191.000 euros a los 18 agricultores y responsables de empresas transformadoras de la planta textil acusados por el denominado fraude del lino.
Este presunto fraude, según las conclusiones de la Fiscalía, había tenido lugar en Castilla-La Mancha (a través de las transformadoras COLINO, COLISUR 2000 y CELITEX), Castilla y León (a través de TEXAR, ECOAGROCAS y la cooperativa Los Linares), Aragón (donde también operaba ECOAGROCAS) y Extremadura (a través de la empresa Lino Textil de Extremadura).
La trama del lino
Un día después del comienzo del juicio, el 5 de octubre, el tribunal excluyó de la causa al principal procesado, el ex subsecretario de Agricultura y ex presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, Nicolás López de Coca, porque el delito de tráfico de influencias del que estaba acusado no es competencia de la Audiencia Nacional, remitiendo su caso al tribunal competente. El fiscal Pavía mantuvo en sus conclusiones que los imputados incurrieron, al obtener ayudas irregulares de la Unión Europea para la transformación de la planta para su uso textil, en delitos de falsedad en documento oficial o mercantil y fraude de subvenciones.
Esta investigación se inició a raíz de la comunicación a las autoridades españolas, en marzo de 2001, de un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que alertó de las irregularidades. El informe de Anticorrupción describía de forma minuciosa las actividades presuntamente fraudulentas cometidas por agricultores y empresarios de las comunidades de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y Extremadura desde la temporada 1997/1998 hasta el inicio de la instrucción del caso, que fue llevado a cabo por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. España comenzó a cultivar lino en 1992 y su extensión de cultivos llegó a las 91.400 hectáreas en la campaña 1997/1999.
Esta situación determinó que la Comisión dictara normas para prevenir abusos en el pago de subvenciones. La inexistencia de legislación comunitaria en campañas anteriores "privó a las autoridades españolas de los indicadores efectivos a posibles fraudes", indicó el fiscal. Esta situación provocó que los que se estaban aprovechando de las insuficiencias se agruparan para seguir con su "ilícito enriquecimiento patrimonial". La presunta actividad fraudulenta se instrumentó por empresas transformadoras de varilla de lino textil a través de solicitudes de subvención cumplimentadas por hipotéticos receptores.
En algunos casos los funcionarios autonómicos constataron in situ que el provecho agrario declarado en los documentos oficiales era imposible en tierras yermas. También las noticias surgidas en los medios de comunicación sobre incendios en transformadoras y su relación con el fraude motivaron las investigaciones de la Policía Judicial.
