Procesan a la madre de Alba y a su novio por intento de homicidio y maltrato
El juez fija una fianza de 1,5 millones por las graves secuelas que padece la menor
La juez instructora del caso de Alba, la niña de cinco años de Montcada i Reixac (Barcelona) maltratada por su entorno familiar desde diciembre de 2005, ha procesado a la madre y a su novio por un delito de tentativa de homicidio y otro de maltratos habituales, y les obliga a prestar una fianza de 1,5 millones de euros.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Cerdanyola del Valls (Barcelona) considera hay indicios suficientes para procesar de Ana María C.F. y de su compañero sentimental, Francisco Javier P.E., quienes permanecen en prisión provisional desde marzo de 2006.
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La instructora del caso ha decidido mantener esta situación "al no haberse modificado las circunstancias que motivaron en su momento la adopción de dicha medida cautelar".
El auto dictado por la juez obliga a los procesados a pagar una fianza de 1,5 millones de euros en atención a las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse de su conducta, teniendo en cuenta que, según el último informe forense, no se podrán valorar las secuelas definitivas de Alba hasta que no hayan transcurrido al menos 2 años.
En este sentido, la juez señala que "las lesiones producidas y las medidas terapéuticas realizadas e imprescindibles para tratar de evitar la muerte de la menor han producido una deformidad que es severa en el momento actual", en el que la pequeña "precisa ayuda de tercera persona para todas las actividades de la vida diaria".
Errores de la administración
Alba sufre también una parálisis que le obliga a desplazarse en una silla de ruedas "que ella misma no puede manejar" y ha perdido el lenguaje verbal, "situación que no se descarta que pueda ser permanente".
Los procesados serán excarcelados el próximo martes para prestar declaración indagatoria ante la juez y ampliar así sus explicaciones antes del juicio si lo desean.
El caso de Alba puso en evidencia la descoordinación de las administraciones en la protección de los menores, y provocó la firma de un protocolo de actuación entre instituciones, que parece haber fallado en el caso de otra niña maltratada en Salou (Tarragona) conocido esta semana.