El presidente de Ecuador permitirá que sus ciudadanos vean sus cuentas bancarias
Rafael Correa será investigado por la Contraloría del Estado
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha autorizado el levantamiento del secreto bancario de todas sus cuentas, en cualquier entidad del país o en el extranjero. El anuncio se ha dado a conocer la misma semana en la que el Contralor del Estado, Carlos Polit, asegurase que investigará los bienes de Correa para comprobar que no ha incurrido en enriquecimiento ilícito. Las cuentas estarán a disposición de cualquier ciudadano ecuatoriano.
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La actuación de la Contraloría se iniciará después de que el Congreso aprobara esta semana la investigación de las declaraciones de bienes de los 100 legisladores que forman la Cámara y las de los 57 destituidos por el Tribunal Supremo Electoral el pasado marzo.
Los altos funcionarios tienen la obligación de hacer una declaración de bienes antes de asumir sus cargos. En las últimas semanas, sin embargo, algunos de los legisladores destituidos han acusado al presidente del Congreso, Jorge Cevallos, de no haber registrado en su declaración de bienes varias propiedades valoradas en varios millones de dólares, extremo rechazado por el titular de la Legislatura.
Por su parte, algunos diputados han reclamado que, además de hacerse una investigación entre los legisladores, se revisen las declaraciones de bienes de los miembros del Gobierno.
La Presidencia recordó que el jefe de Estado entregó, en enero pasado, a la Contraloría, su declaración patrimonial jurada de bienes, otorgada ante notario.
Correa amenaza con disolver el Congreso
La investigación se inicia en un momento en que Correa ha advertido que si su grupo político gana las elecciones para la Asamblea Constituyente, que se celebrarán el 30 de septiembre, disolverá el Congreso y dejará en funciones una comisión legislativa mientras se aprueba una nueva Carta Magna.
Los grupos de la Cámara han rechazado la postura del presidente y han afirmado que la Constituyente, pese a tener plenos poderes, no puede legislar, juzgar o disolver instituciones, como el Congreso, hasta que no se haya aprobado la nueva Constitución en referéndum.