El Congreso insta al Gobierno a incentivar la lucha contra la siniestralidad laboral

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer una moción de IU-ICV, enmendada por el PSOE, en la que insta al Gobierno a adoptar antes de abril de 2008 una batería de medidas para combatir la siniestralidad que afectan a los ámbitos judiciales, de inspección de trabajo y empresarial.

En su defensa de la iniciativa, en la que se rechazaron las modificaciones propuestas por ERC y PP, la diputada Montserrat Muñoz recordó que la tasa de siniestralidad española es el 20% del total de la media de la UE de los Quince y aunque admitió que ha habido "muchos pasos en esta legislatura", insistió en que es imprescindible una "política más agresiva, con medidas integrales, con urgencia, en el ámbito judicial, de la inspección, las mutuas y los agentes sociales".

Esta moción es consecuencia de la interpelación urgente que el pasado miércoles el grupo parlamentario dirigió al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, quien reconoció que las cifras de siniestralidad laboral siguen siendo "una sangría radicalmente inaceptable", si bien, aseguró que se están reduciendo "de forma sostenida", especialmente en el caso de los accidentes mortales, pese al progresivo incremento de los ocupados.

En este sentido, el texto aprobado hoy por el Congreso insta al Gobierno a impulsar el cumplimiento del protocolo marco de colaboración la colaboración entre entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio del Interior, para la investigación eficaz y rápida de los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores.

Asimismo, el Ejecutivo promoverá una reforma del Código Penal que incorpore la tipificación como delito, del "incumplimiento flagrante, sistemático y peligroso de la ley de prevención de riesgos laborales".

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Un inspector por cada 7.000 trabajadores

Por otro lado, la moción de IU-ICV insiste en que se amplíen los recursos destinados a Inspección de Trabajo, así como la oferta de plazas de empleo público para inspectores, hasta alcanzar en el año 2012 la proporción de uno por cada 7.000 trabajadores.

Asimismo, se pretende que se limite el acceso a subvenciones públicas y a la participación de actividades empresariales concertadas con las distintas administraciones de aquellas empresas que incumplan de forma reiterada la aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales, creando para esta finalidad una base pública de datos de empresas infractoras.