El Gobierno abre la vía para recusar a dos jueces conservadores del Constitucional
Los servicios jurídicos del Estado no iniciarán ninguna actuación hasta que se produzca la admisión a trámite del recurso, decisión que todavía no ha sido adoptada por el pleno del Constitucional
El Consejo de Ministros ha facultado hoy a la Abogacía del Estado para actuar en el recurso del PP contra la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y, concretamente, contra la prórroga del mandato de su presidenta, María Emilia Casas.
Los servicios jurídicos del Estado no iniciarán ninguna actuación hasta que se produzca la admisión a trámite del recurso, decisión que todavía no ha sido adoptada por el pleno del Constitucional.
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Éste debe resolver con carácter previo otra cuestión: la de si acepta o no las abstenciones de Casas y del vicepresidente del Alto Tribunal, Guillermo Jiménez, cuyo mandato también ha quedado prorrogado después de la entrada en vigor de la reforma de la LOTC el pasado 26 de mayo.
Si el Constitucional decide admitir a trámite el recurso del PP -que ha impugnado asimismo el artículo que establece que los magistrados que debe designar el Senado serán elegidos de entre los propuestos por los Parlamentos de las Comunidades Autónomas-, dará traslado de las actuaciones a la Abogacía del Estado, teniéndola por personada en la causa. Sólo entonces podrán los servicios jurídicos del Estado, dependientes del Ministerio de Justicia, alegar al recurso del PP y plantear otro tipo de actuaciones.
Entre estas últimas está, por ejemplo, la de recusar a los magistrados del Constitucional Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, adscritos al sector conservador del tribunal, que el pasado 22 de junio dirigieron un escrito al pleno mostrando su "más profunda discrepancia" con la reforma de la LOTC y cuestionando la legitimidad del mandato de Casas, cuya dimisión solicitaban.
Si el pleno termina admitiendo las abstenciones de Casas y de Jiménez, el sector conservador podría tumbar la LOTC gracias al voto de calidad del presidente accidental, Vicente Conde, y abrir la puerta a la elección de un nuevo presidente del tribunal, que en los próximos meses debe pronunciarse sobre la ley del matrimonio homosexual, la de igualdad o el Estatuto de Cataluña.
