Valencia amenaza con acciones legales contra el ministrasvase del Ebro

El Gobierno valenciano estudia medidas legales para "hacer extensible" a la Comunitat Valenciana, Murcia y Almería "decisiones" como prolongar el llamado "minitrasvase" del Ebro a Tarragona para llevar agua al área de Barcelona.

Así lo ha anunciado hoy en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo valenciano, Vicente Rambla, quien considera que esta transferencia de agua es un "trasvase" del Ebro a Barcelona y por lo tanto constituye un "desprecio" del Gobierno al resto de autonomías afectadas por la sequía.

La Generalitat Valenciana esperará a conocer "los términos" del decreto ley con el que se aprobará esta aportación en el Consejo de Ministros para estudiar una posible acción legal, aunque "siempre desde la solidaridad y el apoyo a Cataluña", según ha afirmado Rambla.

"Una humillación"

El consejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, José Ramón García Antón, ha pedido soluciones e igualdad de trato al gobierno de Zapatero: "Llevamos cuatro años muy duros; nos desautorizaban desde el gobierno, decían que el Ebro era intocable... es una humillación. Pero queremos encauzarla y que nos propongan soluciones".

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Espinosa: "Ya se ha hecho otras veces"

La ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, ha restado trascendencia a la polémica en torno al trasvase y ha asegurado que en la anterior legislatura se utilizó el mismo sistema y con una cantidad de agua mayor: "El método utilizado ya se hizo con anterioridad para Murcia y Valencia. Estamos hablando de que, en caso de necesidad, fueran 50 hectómetros cúbicos y en la legislatura anterior este mismo método, insisto, se ha aplicado a Murcia y a Valencia, y fueron casi 135 hectómetros cúbicos".

Zapatero avala el trasvase

Por otra parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado al presidente de la Generalitat, José Montilla, que el Ejecutivo central garantiza el abastecimiento de agua de boca a todos los ciudadanos de España y, en ese sentido, está satisfecho con la solución de emergencia alcanzada para suministrar agua a Barcelona.

Según fuentes del Palacio de la Moncloa, Zapatero y Montilla han hablado del suministro de agua a Barcelona y su área metropolitana durante una reunión que han mantenido esta mañana poco antes de la apertura solemne de la IX Legislatura en el Congreso de los Diputados. El Gobierno está convencido de que se ha dado una respuesta adecuada a una situación que es "excepcional". El plan acordado ayer será aprobado el viernes próximo por el Consejo de Ministros. Zapatero le ha dicho a Montilla que el Gobierno garantizará el suministro de agua de boca a Barcelona, al igual que a todos los ciudadanos de España.

Aragón, reunión de urgencia

El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, avisó esta mañana de que las decisiones que tome el Ejecutivo autónomo sobre la prolongación a Barcelona y su entorno del trasvase del Ebro a Tarragona serán "coherentes con las posiciones que hemos mantenido".

El jefe del Ejecutivo autónomo indicó que "queremos tener todos los informes y, a partir de ahí, tomaremos las decisiones que correspondan" que siempre "estarán de acuerdo con lo que pensamos" y se ajustarán al Estatuto de Autonomía, que urge a los poderes públicos a evitar las transferencias de agua y obliga a la Diputación General de Aragón (DGA) a elaborar un informe preceptivo cada vez que se plantee esta posibilidad en la cuenca del Ebro, como es el caso.

"Aragón tiene un compromiso, unas obligaciones inherentes y en esa línea vamos a responder", prosiguió el presidente aragonés, quien recalcó que "la posición del Gobierno, mi posición" es la manifestada en la nota oficial emitida a lo largo de la mañana de hoy por el Ejecutivo autónomo relativa a este trasvase. El Gobierno aragonés actuará con "coherencia y responsabilidad" en esta materia.

El Ejecutivo aragonés, en una sesión extraordinaria de Consejo de Gobierno, ha aprobado hoy un acuerdo, por el que se adoptan tres medidas sobre el abastecimiento de agua a Barcelona. Las medidas aprobadas son las siguientes: instar al Gobierno central a que aporte toda la información; encargar un informe para determinar la naturaleza jurídica del proyecto y pedir a las Cortes de Aragón que inicien la elaboración de otro informe.