Garzón quiere hacer una lista con los desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura
Para ello el juez se ayudaría de los archivos de ayuntamientos, parroquias y otras instituciones
El Juez Baltasar Garzón ha tomado una iniciativa basada en la Ley de Memoria Histórica sobre los desaparecidos en la Guerra Civil española. Se trata de una petición de documentación que desborda todo lo conocido hasta ahora: Garzón quiere entrar en los archivos de los ayuntamientos, parroquias, etc, para que le identifiquen a las posibles víctimas desaparecidas a partir del 17 de julio de 1936.
Garzón anuncia en esta providencia que quiere controlar él las exhumaciones que se estén realizando o que se vayan a realizar pero de momento exige a estos organismos y sociedades los datos que tengan de desapariciones forzadas.
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El magistrado ha tomado esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que varias asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, ''sacas'', asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936.
Los enterrados en el Valle de los Caídos
En una providencia hecha pública hoy, el magistrado solicita a la Abadía de Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial para que proporcione la información sobre "el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas de enterramiento".
Además, pide a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid así como al rector de la Universidad de Granada el nombre de las personas enterradas en la fosas comunes a partir del llamado "alzamiento nacional" de 1936 y la situación de Guerra Civil que éste provocó.
El juez especifica que las fosas comunes se encuentran en el cementerio de San José (Granada), Nuestra Señora de la Salud y San Rafael (Córdoba) y San Fernando (Sevilla). Garzón pide además "las circunstancias en los que ocurrieron los enterramientos la fecha y si las muertes están anotadas en algún registro público".
La Conferencia Episcopal
En su providencia, el magistrado requiere a la Conferencia Episcopal que comunique a todas y cada una de las parroquias de España -un total de 22.827- que permitan el acceso a la Policía Judicial que recorrerá ayuntamientos y parroquicas para que ésta identifique a posibles víctimas desaparecidas a partir del "alzamiento nacional" a través de los libros de difuntos de los que dispongan.
Garzón solicita también al centro Nacional de la Memoria Historia -dependiente del Ministerio de Cultura- que informe si dispone de los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Pide además al Ministerio de Defensa que amplíe la solicitud que le trasladó el pasado mes de junio en la que le pedía que identificase qué organismo puede determinar el número de personas que desaparecieron en España a partir del 17 de julio de 1936. Pide además información a la Dirección de Registros y Notariado y al Centro Documental de la Memoria Histórica.
