El matrimonio Ordinas-Rosselló regresa a prisión tras declarar ante el juez
La Policía ha traslado esta tarde al matrimonio a su vivienda para proceder a un nuevo registro, en presencia del fiscal anticorrupción Pedro Horrach
La gerente del Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) con el Govern del popular Jaume Matas, Antònia Ordinas, y su esposa, la soprano Isabel Rosselló, han regresado a la cárcel de Palma pasadas las nueve de esta noche tras prestar declaración ante el juez por la presunta trama de corrupción descubierta en el citado departamento.
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Ordinas y Rosselló, en prisión preventiva desde el pasado jueves acusadas de los delitos de malversación, defraudación a la Administración y falsedad documental, habían sido trasladadas por la Policía desde la cárcel de Palma a los juzgados de la capital balear, a donde llegaron pasadas las 16:00 horas, para comparecer de nuevo ante el juez.
Posteriormente, la Policía trasladó al matrimonio a su vivienda para proceder a un nuevo registro, en presencia del fiscal anticorrupción Pedro Horrach. Acabado el registro, ambas regresaron a los juzgados de Palma donde prestaron declaración.
El pasado jueves, día en que Ordinas y Rosselló pasaron a disposición judicial, las dos se acogieron a su derecho constitucional de mantener silencio y se negaron a declarar, al menos hasta que "se levante el secreto del sumario" para saber de qué se le acusa, según dijo a los periodistas el abogado que les representa, Eduardo Valdivia.
Tras la declaración de Ordinas y Rosselló, ha comenzado la comparecencia del director general de Promoción Industrial con el anterior gobierno balear, Kurt Viaene, actualmente en situación de detención judicial durante 72 horas. La declaración de todos ellos se produce después de que la Policía detuviera ayer en Valencia al empresario Francisco G.C. por su presunta implicación con la trama de corrupción descubierta en el CDEIB y por la que han sido detenidas hasta el momento trece personas.
La Fiscalía Anticorrupción de Baleares, el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional e inspectores de la Agencia Tributaria investigan si Ordinas, con la colaboración de su esposa, recibía comisiones de los empresarios detenidos a cambio de contratos con el CDEIB.
El pasado abril, los servicios jurídicos de la Conselleria de Comercio, Industria y Energía investigaron una presunta malversación de fondos del Consorcio por parte de Ordinas y del ex director Viaene. El Consorcio, dependiente de la citada Conselleria, presenta una deuda de 8 millones de euros, que se acumuló durante la legislatura pasada.
La investigación policial del caso se abrió tras la auditoría que se llevó a cabo en abril, y que reveló gastos sin justificar en el CDEIB superiores a los 200.000 euros, de los que 18.000 fueron devueltos en las semanas siguientes por Viaene.
