Imputadas 18 personas en Chiclana en una operación contra el urbanismo ilegal

La Policía Nacional ha culminado en Chiclana de la Frontera (Cádiz) una operación contra el urbanismo ilegal con 18 personas imputadas por delitos contra la ordenación del territorio, estafa y falsedad documental.

Las investigaciones, según ha informado la Junta de Andalucía, comenzaron hace poco menos de un año por orden del Juzgado Mixto 2 de la localidad.

El origen fue una denuncia presentada por un propietario particular, quien alegó que la parcela y propiedad que acababa de comprar no figuraba en el Registro de la Propiedad ni en las escrituras notariales. Las primeras pesquisas determinaron que la propiedad adquirida por esta persona se encuentra a más de quinientos metros de la que figura en los documentos que avalan la operación de compra.

Al examinar las escrituras, los expertos en urbanismo de la Policía autonómica comprueban que en ellas se reconoce una macroedificación de 700 metros cuadrados dividida en siete partes indivisibles contando la del denunciante, que corresponderían a viviendas individuales, aunque en realidad no hay construida ninguna macroedificación ni ninguna casa individual.

Para que esto sea posible debe existir un certificado de un técnico (arquitecto o ingeniero) que acredite la antigüedad de la supuesta construcción, superior a cuatro años (cuando prescriben las infracciones urbanísticas) o a tres años (prescripción de los delitos urbanísticos). La Policía ha descubierto este certificado falso que dice que la construcción, que no existe, tiene una antigüedad de cinco años.

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Buscaban construir en suelo prohibido

El procedimiento es un montaje para evitar la prohibición de construir viviendas en los suelos rústicos y convertirlas en legales.

Además de un exhaustivo examen de la documentación registral, notarial, urbanístico municipal y distintos expedientes, la Policía ha analizado fotos aéreas oficiales que muestran la evolución de esta parcela año tras año.

En la actualidad, en el lugar hay construidas tres viviendas y otras tres parcelas vacías (la séptima división corresponde al denunciante), que fueron vendidas cuando aún no estaban construidas.

En una primera fase fueron imputados siete propietarios como presuntos autores de los delitos de falsedad documental y estafa; y en la segunda fase han sido imputados el resto: los promotores e intermediarios por presunta estafa, los peritos tasadores por falsedad documental y estafa y el arquitecto J.P.S. por falsedad documental, éste último imputado en anteriores ocasiones por hechos de similares características.