El Ejecutivo anuncia reformas para impedir que ANV gobierne ayuntamientos
La vicepresidenta ha explicado que las reformas que se hagan se acometerán con el máximo consenso de las fuerzas parlamentarias, y ha garantizado que el Gobierno "va a actuar en todos los frentes, explorando todas las posibilidades que brinda la ley"
Tras el nuevo asesinato de ETA ha vuelto la polémcia sobre la presencia de Acción Naconalsita Vasca en la vida política. Ayer la patronal CEOE y el Partido Popular pidieron al gobierno que articulase medidas legales para que no puedan seguir gestionando ayuntamientos como el de Azpeitia. Son en total 43 municipios, que , además, podrán gestionar 24 millones de euros que les corresponden en función de su población, dentro del plan del Gobierno para estimular la economía y crear empleo.
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El PP considera que la actuación de la Intervención General de la Administración del Estado es "insuficiente" para evitar que los ayuntamientos gobernados por la ilegalizada Acción Nacionalista Vasca (ANV) gestionen los fondos para la creación de empleo que el Gobierno va a repartir entre los entes locales e insiste en la necesidad de buscar otras fórmulas que impidan "a tiempo" que ese dinero quede en manos de los alcaldes que apoyan a ETA.
Así lo aseguró hoy, en un encuentro informativo en el Congreso, la portavoz del Grupo Popular en la Cámara Baja, Soraya Sáenz de Santamaría, quien reiteró la posibilidad de que en el País Vasco y Navarra estas ayudas sean gestionadas por las diputaciones forales.
A la búsqueda de una solución que permita evitar que tengan ese dinero
La dirigente ''popular'' recordó que las solicitudes para beneficiarse de esos fondos deben ser presentadas en enero, por lo que hay que buscar una solución que permita evitar "a tiempo" que ese dinero sea gestionado por ANV.
Los ''populares'' creen que esta situación podría atajarse aprobando un reglamento sobre el desarrollo del decreto ley que prevé estas ayudas o incluso un nuevo decreto que establezca excepciones sobre su aplicación. Estas medidas también podrían ser introducidas por las Cortes si el decreto ley del Gobierno fuera tramitado como un proyecto de ley, pero Sáenz de Santamaría no aclaró si su grupo solicitará que sea así.
No se pronuncia sobre la convalidación
Tampoco desveló el sentido del voto de su partido cuando se someta a votación la convalidación de ese texto el próximo día 11. Eso sí, insistió en que su redacción actual le parece "insuficiente" y plantea "muchas dudas". "Es pan para hoy y hambre para mañana para los ayuntamientos y no resuelve sus problemas de financiación", advirtió.
En cualquier caso, reiteró que el Gobierno "tiene que reaccionar" porque existe una importante "preocupación" por el hecho de que los fondos puedan ser gestionados por ANV.
Contactos entre PP y PSOE
En ese contexto, el responsable de Justicia y Seguridad del PP, Federico Trillo, llamó ayer al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, informándole de que el PP iba a presentar una proposición no de ley solicitando la disolución de los consistorios gobernados por esta formación ilegalizada y las medidas necesarias para transferir el dinero corresponda a estos ayuntamientos a las diputaciones forales.
El PP quiere que esa iniciativa se vote en el Pleno del Congreso el próximo día 16, el último ordinario antes del paréntesis navideño, y confía en que los socialistas no pongan pegas para que así sea.
También la diputada de UPyD, Rosa Díez, tiene presentada una iniciativa similar desde mayo y desearía que se acumulara a la del PP, lo que requiere el beneplácito de los ''populares''. En todo caso, UPyD llevaría a votación una moción en el mismo sentido consecuencia de la interpelación que dirigirá el próximo miércoles al Gobierno sobre esta cuestión.
Sáenz de Santamaría confía en el PSOE no ponga pegas a que su texto, que la Mesa del Congreso calificará el próximo martes, se debata el día 16. Para que esto sea así, la Junta de Portavoces tendría que permitir el mismo martes que la proposición no de ley se introdujera en el orden del día del siguiente Pleno.
La portavoz ''popular'' avanzó su intención de hablar sobre su texto con su homólogo del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, y espera que, como él mismo dijo ayer públicamente, estudie sus dos peticiones sobre ANV y se muestre "receptivo".
Conversación Zapatero-Rajoy
Además, fue preguntada sobre si el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, exploraron ayer la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre estos asuntos durante el viaje que ambos realizaron juntos para visitar la capilla ardiente de Ignacio Uría, asesinado por ETA el martes en a Azpeitia (Guipúzcoa), donde gobierna ANV.
Sáenz de Santamaría rehusó comentar "conversaciones privadas", pero recordó que el PP mantiene con el Gobierno "un acuerdo en materia antiterrorista" y tiene abierta la comunicación sobre estas cuestiones, sobre la "máxima general" de que "hay que estar unidos para derrotar a ETA definitivamente con todas las fuerzas del Estado de Derecho y solamente con ellas".
"En esa línea son las conversiones que se mantienen tanto a nivel de partido como a nivel de Gobierno", agregó, subrayando que lo importante para el PP es "preservar el espíritu" de esa unidad y la estrategia compartida con el Ejecutivo y otros grupos parlamentarios en esta materia.
Eso sí, ante las declaraciones de miembros del Gobierno que admiten dificultades legales para disolver los ayuntamientos de ANV y que diferencian este caso del de Marbella, dejó claro que la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local de 2003 se hizo para "facilitar" la disolución de los consistorios que están "en circunstancias como las que se viven en el País Vasco y Navarra"