Fallece el ex dirigente del PNV Gorka Agirre
Perteneció durante 20 años a la Ejecutiva de la formación nacionalista y fue responsable de Relaciones Externas
El ex dirigente del PNV Gorka Aguirre, que perteneció durante 20 años a la Ejecutiva de la formación nacionalista y fue responsable de Relaciones Externas, ha fallecido a los 59 años de edad tras una larga enfermedad, según han informado a Efe fuentes de este partido.
Gorka Agirre Aizmendi, quien nació en el exilio en Bélgica en 1950 y se licenció en Ciencias Económicas en la ciudad belga de Amberes, era sobrino del que fuera primer lehendakari, José Antonio Aguirre, y yerno de Luis María Retolaza, ex consejero de Interior del Gobierno vasco.
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Afiliado desde muy joven al PNV, formó parte de la Ejecutiva del partido desde la época clandestina. En febrero de 2000 fue nombrado miembro de la Comisión Permanente.
En Bélgica y Francia entró en contacto con miembros exiliados de ETA y sirvió de puente entre su partido y la izquierda abertzale en varias ocasiones. Fue uno de los interlocutores ante ETA y Herri Batasuna (HB) de la negociación que condujo a la tregua de 1998.
Seis años antes ya había representado al PNV en las conversaciones que mantuvo con HB para tratar de llegar a una solución al problema de la violencia en Euskadi.
Firmó la Declaración de Barcelona
El histórico dirigente nacionalista integró la delegación del PNV que firmó la Declaración de Barcelona con nacionalistas catalanes y gallegos en 1998 y fue uno de los enviados a representar a su partido en la celebración de la Diada catalana.
El 29 de junio de 2006, Agirre tuvo que depositar una fianza de 30.000 euros para permanecer en libertad tras haber sido interrogado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska como imputado en la causa en la que se investiga la red de extorsión de ETA. El juez Baltasar Garzón, a quien sustituía Marlaska, rebajó la fianza a 12.000 euros.
Dos años después, el 16 de mayo de 2008, compareció ante Garzón para revisar su situación procesal. Gorka Agirre aseguró al magistrado que "jamás" actuó como mediador de ETA en el pago del "impuesto revolucionario", ni negoció con la banda armada y recalcó que "siempre" recomendó "hacer frente al chantaje etarra".
El político nacionalista negó que entregara a ETA 54.000 euros procedentes del chantaje a dos empresarios navarros en abril de 2006, como acusó la Policía, e insistió en que, pese a los "suficientes indicios" que las Fuerzas de Seguridad tenían de que él no había efectuado ese pago, mantuvieron la acusación.
El 24 de octubre de 2008, el juez Garzón retiró su imputación.
