Un informe desaconseja perseguir penalmente a los que avalaron las torturas en interrogatorios de la CIA
El documento recomienda sólo sanciones en el ejercicio de su profesión a tres de los fiscales que redactaron aquellas justificaciones en la era Bush
Algunos detalles del informe jurídico encargado por Barack Obama sobre el uso de torturas en los interrogatorios de la CIA se han conocido antes de llegar al Despacho Oval. Según ese texto, no se debe perseguir penalmente a los juristas que avalaron la legalidad de esas prácticas durante el gobierno Bush.
Es el informe preliminar encargado por el presidente para determinar a qué altos cargos del Gobierno de Bush se puede perseguir judicialmente por haber aprobado el uso de torturas en los interrogatorios de la CIA.
Más información
- El juez Garzón investigará las torturas de Guantánamo
- Dimite el asesor de Obama que ordenó el vuelo de un Air Force One sobre Manhattan
- El CNI retira varios de sus agentes en Cuba por tensiones con el Gobierno
- Las fotografías que Obama guarda sobre las torturas en Abu Ghraib incluyen violaciones
- Bush defiende su política antiterrorista
- Obama elige El Cairo para lanzar, el próximo 4 de junio, su discurso al mundo musulmán
- EEUU paraliza en el último momento la deportación de un guardián nazi
- Obama no juzgará a los agentes involucrados en las torturas de la CIA
- El ex director de la CIA acusa a Obama de poner en riesgo la seguridad nacional
- Los 183 ahogamientos del cerebro del 11-S
El informe filtrado adelanta que no se presentarán cargos judiciales contra ninguno de los autores de los documentos que justificaban el uso de torturas. El informe recomienda sólo sanciones en el ejercicio de su profesión a tres de los fiscales que redactaron aquellas justificaciones, a quienes se les podría retirar su licencia de abogados. Son consejeros legales del anterior fiscal general, los mismos a quienes quiere investigar la Audiencia Nacional en España.
El documento está previsto que llegue en breve a la mesa del Despacho Oval. Tiene 220 páginas y empezó a redactarse antes de que Barack Obama jurase el cargo como presidente. Llega a la conclusión de que esos asesores del Gobierno de Bush actuaron de manera incorrecta e injustificada, pero no recomienda que sean llevados a los tribunales, si no sólo sancionados.
Si esa es la conclusión final, los demócratas en el Capitolio pueden subir un escalón en la cadena de mando y exigir ahora la investigación de posibles responsabilidades no en quienes redactaron los informes, sino en quienes lo solicitaron. Algo que puede salpicar al anterior fiscal general, Alberto Gonzáles, y al ex vicepresidente, Dick Cheney.