Zelaya y Micheletti llegan a un acuerdo para poner fin a la crisis
El acuerdo, cuatro meses después del golpe, abre la puerta a la legitimación internacional de los comicios de noviembre
El presidente depuesto hondureño Manuel Zelaya y el presidente golpista, Roberto Micheletti, alcanzaron a última hora del jueves (madrugada del viernes en España) un acuerdo para poner fin a la crisis política que vive el país centroamericano desde el golpe de Estado del pasado 28 de junio, gracias al papel de mediación que desempeñó una delegalación del Gobierno estadounidense desplazada a Honduras y encabezada por el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Thomas Shannon.
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El acuerdo de ocho puntos, aprobado por las comisiones negociadoras de Micheletti y Zelaya, implica la creación de un Gobierno de reconciliación, el rechazo a la amnistía política, el reconocimiento de las elecciones presidenciales del 29 de noviembre, la transferencia de la autoridad sobre las Fuerzas Armadas al Tribunal Supremo Electoral, la creación de una Comisión de Verificación para el cumplimiento del acuerdo y la formación de una Comisión de la Verdad para investigar los hechos antes, durante y después del golpe de Estado.
En virtud del acuerdo, las partes pedirán también a la comunidad internacional la derogación de las sanciones impuestas a Honduras a raíz de la crisis como la suspensión de toda ayuda no humanitaria y las restricciones de viajes de funcionarios del Gobierno golpista y que envíe observadores internacionales a los comicios.
Respecto a la restitución de Zelaya en el poder, el principal escollo en las negociaciones, las partes han acordado que el Congreso Nacional se pronuncie sobre "la restitución de Zelaya en el Gobierno" pero "con una previa opinión de la Corte Suprema de Justicia", lo que abre la puerta a su restitución, tal y como insistían el propio Zelaya, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y la Unión Europea.
Hasta ahora, Micheletti se había negado a que la restitución o no de Zelaya fuera determinada por el Congreso del país, tal y como pedía el mandatario derrocado y defendía que, por el contrario, fuera la Corte Suprema de Justicia la que se pronunciara sobre este asunto, de forma que la solución de compromiso alcanzada este jueves permitirá que ambas instituciones se pronuncien al respecto.
