El Gobierno recurrirá la ley de cajas de Galicia

El dictamen del Consejo de Estado ve indicios de inconstitucionalidad en la ley de cajas del Gobierno gallego. Las conclusiones del órgano consultivo se encuentran ya sobre la mesa del Ministerio de Política Territorial. El Gobierno debe ahora observar ese dictamen como paso previo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. La decisión podría adoptarse mañana en el seno del Consejo de Ministros, una semana después de la solicitud del informe que se ha redactado con criterios de urgencia. En clave política, el recurso supone un golpe durísimo para las decisiones en materia económica defendidas por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que se opone a todo aquello que no sea una fusión de las cajas gallegas entre sí.

Habrá recurso de inconstitucionalidad. Al menos, el informe del Consejo de Estado indica que hay siete apartados del artículo dos, dos del artículo tres y la disposicion transitoria primera de la ley de cajas de Galicia que chocan con la Carta Magna. Es el dictamen que se ha enviado ya a la vicepresidencia de política territorial y que mañana analizará el Consejo de Ministros. Se cuestiona, entre otras cosas, la capacidad de la Consellería de Hacienda para que autorice un SIP.

El Consejo entiende que va contra la solvencia del sistema financiero estatal la representación municipal que, según la Ley Orgánica de Regulación de Cajas de Ahorro (LORCA), debe establecerse proporcionalmente a los fondos captados en cada territorio.

Otro aspecto que se considera inconstitucional es la renovación total de los cargos de las entidades financieras en el plazo de dos meses. La doctrina del Constitucional establece que la renovación debe ser parcial para evitar cambios radicales que puedan comprometer la estabilidad y eficiencia de las cajas.

La adopción de acuerdos por mayoría simple como establece el texto gallego es también recurrible, según el Consejo de Estado, así como las decisiones sobre la obra benéfico-social en las que tiene un peso excesivo la opinión de la consellería. Según el Consejo de Estado debe ser la asamblea de las entidades la que decida.

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