Universidades y jueces exigen condiciones dignas para los intérpretes judiciales

"Si un día los traductores de Occidente no trabajaran sería como si se hubiera ido la luz en esta sociedad global". Así define Carlos Fortea, decano en la Universidad de Salamanca y representante del Consejo de decanos de Traducción e Interpretación en España, la labor de una figura que a menudo pasa desapercibida: la de intérpretes y traductores.

Las universidades y los jueces se han unido a la lucha iniciada por la asociación 'Jueces para la Democracia' junto con los intérpretes judiciales. Han advertido en multitud de ocasiones a las Administraciones central y autonómicas de la necesidad de regular esta profesión, exigir licenciados y evitar que empresas intermediarias se queden con hasta el 60% del salario, lo que puede suponer que cobren sólo 12 euros la hora, según Hassan Saharaiu, intérprete de los Juzgados de lo Penal de Madrid. Hasta ahora, la respuesta oficial ha sido el silencio administrativo.

La primera batalla se ha librado en la Comunidad de Madrid, donde la empresa Seprotec ha sido sustituida en parte del territorio con la promesa de mejorar el servicio. "Tienen que tomar conciencia de la explotación en la que trabajan los intérpretes", explica Fortea. Pero lo más importante, "lo que nos estamos jugando es el derecho a que los ciudadanos tengan derecho a un juicio justo en España", sentencia Sonsoles Plaza, presidenta de la Asociación Española de Traductores e Interpretes Judiciales.

El Consejo Europeo está tomando cartas en el asunto. Ha publicado una decisión marco que va a pasar a rango de Directiva, es decir, va a ser de obligado cumplimiento en todos los países miembros. Esta regulación pretende garantizar los derechos procesales de los ciudadanos en la Unión Europea. Y precisamente, será España, como presidenta de turno de la UE, la encargada de aprobarla. Además, a principios de 2010 ha creado la Asociación Europea EULITA, una entidad que se encargará de velar por que los 27 apliquen la nueva legislación.