Víctimas del franquismo perfilan un proyecto de ley para reparar el daño de la dictadura

Asociaciones en defensa de la memoria histórica de toda España van a utilizar todos los mecanismos legales para la conseguir la "verdad, justicia y reparación de las víctimas de la dictadura franquista.

Diferentes colectivos y juristas de toda España van a utilizar todos los cauces legales para reparar la memoria de las víctimas del franquismo, pase lo que pase con la recusación del juez Baltasar Garzón.

Lo van a hacer mediante una legislativa popular, a través de un anteproyecto de ley que están debatiendo y que van a presentar previsiblemente en el mes de mayo ante el Parlamento.

El anteproyecto propone, entre otras cosas, la creación de una Fiscalía Especial para los crímenes y violaciones de los derechos humanos del franquismo, y una Policía judicial que los investigue.

En España sigue habiendo unos 150.000 desaparecidos desde la Guerra Civil. Según Miguel Ángel Rodríguez Arias, profesor de Derecho Penal Internacional y ponente del anteproyecto, España es el primer país con más víctimas de desaparición forzosa de toda Hispanoamérica y el segundo del mundo, tan sólo por detrás de la Camboya de Pol Pot.

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El texto pide el reconocimiento parlamentario de que hubo un genocidio en nuestro país contra los partidarios de la República... y quiere impedir que una mala aplicación de la Ley de Amnistía consiga que no se investiguen los crímenes franquistas... tal y como reconoce el Comité Internacional de los Derechos Humanos.

El anteproyecto contempla además el derecho a la reparación de todas las víctimas y el derecho de las familias para la restitución de los desaparecidos (unos 150.000), así como el de la justicia y la verdad... siguiendo una resolución del Consejo de Europa, aprobada en 2005.

El borrador está ya encima de la mesa, las asociaciones y juristas en defensa de la memoria están en proceso de debate y, en mayo, tienen previsto presentarlo ante el Parlamento.

A partir de ahí, una vez sea aprobado por la mesa del Congreso, se abre un periodo de hasta un año para recoger 500.000 firmas y que se inicie la tramitación parlamentaria.