La Fiscalía sostiene que las acusaciones no pueden sentar en el banquillo a Garzón
El Ministerio Público pide el archivo de la causa porque la acusación popular carece de legitimación procesal y recuerda al magistrado Luciano Varela que esta es la postura que mantuvo en el "Caso Atutxa". El presidente del CGPJ suspende un viaje a Uruguay
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado su escrito pidiendo el archivo de la causa abierta contra el juez Garzón por haber investigado los crímenes del franquismo y "oponiéndose, en todo caso, a la apertura de juicio oral".
El Ministerio Público subraya que las acusaciones -el sindicato ultraderechista Manos Limpias, el colectivo Libertad e Identidad y la Falange- carecen de la legitimación procesal para poder sentar en el banquillo a Garzón.
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El escrito señala que la acusación popular "no puede buscarse, ni encontrarse en un principio de desconfianza hacia el Ministerio Fiscal a la hora de ejercer la trascendente función de promover la acción de la justicia". La ausencia de una acusación particular y la oposición del Fiscal deberían conducir al instructor al sobreseimiento de la causa porque la acción popular "podrá ejercitarse en los procesos que la ley determine"
En este sentido, el escrito recuerda al juez Varela que esta fue la postura que mantuvo cuando se opuso a sentar en el banquillo al entonces Presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, acusado de un presunto delito de desobediencia por no disolver a la formación política ilegalizada Sozialista Abertzaleak.
El "interés difuso" de la acusación popular
El escrito de la Fiscalía razona sobre el diferente trato que el legislador otorga a la acusación particular y a la acusación popular. Una diferencia que "no es caprichosa" porque, mientras que en la acusación particular la acción la ejerce el "perjudicado u ofendido por el presunto delito", esgrimiendo "su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva", en el caso de la acción popular, "se persigue simplemente la protección de un interés social, legítimo, sí, pero también difuso y que no puede merecer la consideración de derecho fundamental" Opinar lo contrario, concluye, "sería tanto como afirmar que la acusación popular cuenta con mayores facultades procesales"
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