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Jueves, 23 de Enero de 2020

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Baltasar Garzón asegura que intervino las conversaciones para evitar el trasvase de fondos

El juez ha declarado durante casi cuatro horas ante el Tribunal Supremo como imputado en un delito de prevaricación y otro contra las garantías de la intimidad

Según el juez, su intención al intervenir las conversaciones mantenidas por los presuntos cabecillas de la trama Gürtel con su abogados mientras estaban en prisión, no era la de conocer las estrategias de defensa de los letrados, sino investigar una trama de especial "complejidad" y evitar que la red corrupta siguiera delinquiendo desde la cárcel. Por ello, se declaró inocente de los delitos de que se le imputan en esta causa.

Durante la comparecencia, Garzón se negó a contestar a las preguntas de las acusaciones particulares y se limitó a contestar a las de su abogado, Francisco Baena Bocanegra y las del fiscal (que no le acusa en este procedimiento), así como a las del instructor del caso, Barreiro. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 negó haber prevaricado o vulnerado la intimidad de varios procesados en el caso Gürtel al ordenar intervenir las comunicaciones que mantuvieron en prisión con sus abogados.

Asimismo, Garzón evitó responder a las acusaciones particulares, representadas por el ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez (abogado del empresario imputado en Gürtel José Luis Ulibarri) y los letrados José Antonio Choclán, en nombre del "cerebro" de la trama, Francisco Correa, y Gonzalo Rodríguez Mourullo, en representación del también investigado Pablo Crespo.

A lo largo de su declaración, Garzón explicó que en ningún momento fue su intención investigar o escuchar a los abogados ni limitar el derecho de defensa, sino simplemente descubrir cualquiera de los datos que los imputados pudieran aportar en la relación personal que pudiera tener dentro del centro penitenciario. Para demostrarlo, explicó que hizo constar en el auto por el que ordenaba la intervención que dejaba a salvo la prevención del derecho de defensa, ya que no tenía ninguna pretensión de conocer las estrategias de los letrados, sino la averiguación del delito, evitar la confirmación del mismo y la pérdida de los fondos.

El magistrado insistió en que su único propósito era investigar una trama delictiva de gran complejidad y aseguró que, para ello, ponderó con arreglo a los principios de proporcionalidad y necesidad el alcance de la investigación que estaba llevando a cabo.

Abogados sospechosos

Según los datos De la investigación, los abogados Manuel Delgado Solis, José Ramón Blanco Balín, Luis Miguel Pérez y José Antonio López Rubal 'Pepechu', estaban coordinando la salida de Correa junto a otra persona en Panamá, junto con los despachos de Massana en Suiza y Carusso en Nueva York, y trabajaban además en el trasvase de las titularidades de las empresas y el dinero para que figurara como titular el primo de Correa, el también imputado Antoine Sánchez, residente en Senegal.

En opinión del juez de la Audiencia Nacional, era muy factible que los imputados transmitieran a través de letrados informaciones que podrían dar lugar a nuevos hechos delictivos o a ocultar los delitos que indiciariamente se habían constatado, en concreto, hacer desaparecer pruebas relacionadas con los delitos que se investigaban.

Garzón creyó además "lógico" que necesitaran un enlace para seguir realizando operaciones desde el Centro Penitenciario. Había movimiento de dinero y "se corría el riesgo de perderlo", por lo que la única vía para evitarlo era la intercepción de las comunicaciones.

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