El Senado habilita el mes de julio para intentar la renovación del Tribunal Constitucional
La Cámara Alta también trabajará en ese mes la comisión en la que se reformará el uso de las lenguas autonómicas, que podrán ser usadas en los plenos
La Diputación Permanente del Senado ha acordado este miércoles la habilitación del mes de julio para que trabaje la Comisión de Nombramientos, la que debe elegir cuatro nombres para renovar a los magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato caducó hace casi tres años. Esos cuatro nombres deberán ser ratificados después por el Pleno con una mayoría de tres quintos, es decir, con los votos de PSOE y PP.
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El presidente de la Cámara y de esa comisión, Javier Rojo, será el responsable de poner fecha a las sesiones de trabajo. Preguntado en los pasillos del Senado por los medios de comunicación, aseguró que todavía no está decidido cuándo tendrá lugar la primera reunión, aunque entre los grupos parlamentarios se cuenta con que la Comisión se reunirá la próxima semana y se tratará de llevar una propuesta de nombres al Pleno del día 20.
Una vez que Rojo decida la fecha, el Senado debe convocar con tiempo suficiente de al menos 48 horas a todos los candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional, 22 nombres propuestos por las Comunidades Autónomas. La convocatoria no quiere decir que todos ellos comparezcan ante la comisión, pero el Senado debe enviarles la citación en cualquier caso.
La elección final de los cuatro magistrados exige del acuerdo entre PSOE y PP. Si en este proceso con candidatos autonómicos no se llega a la renovación, se iniciaría un segundo proceso en el que la responsabilidad de proponer nombres será ya exclusivamente de los grupos parlamentarios.
Lenguas autonómicas, en los plenos
La Diputación Permanente ha habilitado también el mes de julio para que trabaje la Comisión de Reglamento con el fin de que se amplíe el uso de las lenguas autonómicas en los Plenos. En concreto, en el debate de las mociones, condición impuesta por el PSOE para aceptar esta iniciativa impulsada por senadores de todos los grupos parlamentarios salvo el socialista y el ''popular''.
Además, y también a propuesta del PSOE, la medida no entrará en vigor hasta el año que viene, para que se pueda reorganizar el presupuesto del Senado y encontrar el dinero con el que pagar la traducción simultánea del euskera, el catalán, el valenciano y el gallego. Los socialistas han exigido que la medida, en plena crisis económica, no cueste un euro.
La Comisión de Reglamento se reunirá la próxima semana y la reforma será llevada al Pleno del día 20 para su ratificación. Contará con el voto contrario del PP y de la senadora de UPN, María Caballero.
