La acusación popular pide 20 años de cárcel para Carlos Fabra
La UCE, acusación popular en el caso Fabra pide 20 años y tres meses de cárcel para el presidente de la Diputación y del PP en Castellón, Carlos Fabra
Castellón
Se le acusa por un delito continuado de cohecho, otro de tráfico de influencias, un delito de blanqueo de capitales, y cinco delitos fiscales. La acusación popular también reclama para Fabra seis años de inhabilitación para cargo público y multas por 22 millones de euros.
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Ayer concluyó el plazo para que las distintas partes del caso Fabra presentasen sus escritos de calificación de los hechos. Los abogados de la UCE, acusación popular en el proceso, han pedido para Fabra tres años y tres meses de cárcel por un delito continuado de cohecho; un año de cárcel por un delito de tráfico de influencias; tres años y tres meses por otro delito de blanqueo de capitales; y dos años y medio más por cada uno de los cinco delitos fiscales que se le atribuyen en los seis años investigados por los peritos de Hacienda y en los que habría defraudado al fisco alrededor de un millón de euros. Además, la UCE pide para Carlos Fabra seis años de inhabilitación para cargo público y que pague una multa de 22 millones de euros.
13 años y tres meses para María Amparo Fernández
Para su esposa, María Amparo Fernández, la UCE pide un total de 13 años y tres meses de cárcel repartidos en tres años y tres meses por blanqueo, y dos años y medio por cada uno de los cuatro delitos fiscales que se le imputan.
6 años y 6 meses para Vicente Vilar y Montserrat Vives
La acusación popular también reclama seis años y medio de cárcel para el empresario que denunció el caso, Vicente Vilar, por cohecho y tráfico de influencias, y la misma pena de prisión para su ex esposa, Montserrat Vives, por los mismos delitos.
Anticorrupción no califica los hechos
El fiscal Anticorrupción, Luis Pastor, no ha presentado su escrito de calificación de los hechos. Ha alegado que el juez del caso, Jacobo Pin, no le ha entregado todos los tomos del sumario, según fuentes del proceso.
El caso Fabra surgió en diciembre de 2003, cuando un empresario de Artana, Vicente Vilar, acusó en Hora 25 de la Cadena SER a Carlos Fabra de cobrarle comisiones millonarias a cambio de su mediación ante los ministerios de Aznar para legalizar los fitosanitarios que fabricaba. Unos productos fitosanitarios que después vendían a través de la empresa Artemis 2000, a nombre de las esposas de ambos.
Un informe elaborado por dos peritos de Hacienda a instancias de la Audiencia Provincial de Castellón concluyó que el matrimonio Fabra ingresó en seis años más de 8 millones de euros, de los que no pudieron justificar casi 4 millones. Según los peritos, la pareja incurrió en ese periodo en nueve delitos fiscales y defraudó a la Hacienda Pública 1.7 millones de euros.
El titular del juzgado número 1 de Nules, Jacobo Pin, decidirá próximamente sobre el juicio con jurado al mandatario provincial y al resto de imputados.
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