Sábado, 06 de Junio de 2020

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Francisco Martínez

La fiscalía investiga al número dos de Fabra en la Diputación de Castellón por supuesto fraude en el censo electoral

Los tres principales dirigentes del PP en la Diputación, investigados por la justicia

El fiscal jefe en Castellón, Javier Carceller, ha emitido un decreto al que ha tenido acceso la Cadena SER, en el que ordena la apertura de diligencias de investigación penal después de detectar "la presunta comisión de conductas irregulares en la formación del censo municipal" del municipio de Vall d'Alba, en la provincia de Castellón, poco antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2007. La localidad de Vall d'Alba está dirigida por el presidente en funciones de la Diputación, Francisco Martínez, del Partido Popular, que está sustituyendo a Carlos Fabra en el cargo desde que éste se encuentra convaleciente de un transplante de hígado.

Con la investigación abierta a Martínez, la actuación de los tres principales dirigentes del PP en la Diputación de Castellón está bajo sospecha. La acusación popular pide 20 años y tres meses de cárcel para el presidente, Carlos Fabra, por los posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y fraude fiscal, y el fiscal también reclama siete años de prisión para el vicepresidente segundo y portavoz del PP en la Diputación, Vicent Aparici, por supuestos vertidos tóxicos en un basurero ilegal. Tanto Fabra como Aparici están cerca de sentarse en el banquillo de los acusados.

La investigación del fiscal por la gestión de Martínez en Vall d'Alba surge a raíz de la denuncia realizada por el portavoz del PSPV en la localidad, Fernando Grande y el secretario de organización provincial, Francisco Valverde. Ambos presentaron el pasado mes de mayo un escrito a la fiscalía, en el que denunciaron el supuesto empadronamiento masivo en este municipio.

Los socialistas acusan a Martínez de un delito electoral porque según dicen, empadronó a casi 200 personas meses antes de las elecciones municipales de 2007, para garantizarse la victoria por mayoría absoluta.

Un juzgado de Castellón decidirá ahora sobre este caso

No es el primer caso de supuesto fraude en el censo electoral que investiga la justicia en la provincia de Castellón. Un juzgado analiza el supuesto fraude en el censo de Cabanes a instancias de la formación política Iniciativa, que acusó al alcalde del PP, Artemi Siurana, a familiares suyos y cargos del PP local de empadronamientos fraudulentos en sus propios domicilios y en viviendas inexistentes, para ganar las elecciones de 2007.

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